El Pleno da luz verde a que la Mesa do Comercio trate el problema del aparcamiento

Bajo el lema de Loitamos polo que é xusto, la Policía Local marinense volvió este miércoles a manifestarse en el Pleno para demandar, una vez más, mejoras en sus condiciones laborales.

Así, mientras la regidora, María Ramallo, no les proponga una solución al conflicto que les convenza, los agentes seguirán manifestándose. Así lo aseguró este miércoles el coordinador de la Policía Local de CC OO, Antonio Villares, que señaló que "intentaremos que la alcaldesa retome las negociaciones y empiece a presentar ofertas que podamos negociar, porque con lo que ha presentado hasta ahora difícilmente se puede hacer".

Pero esta no fue la única protesta celebrada el miércoles en el salón de plenos de la Casa Consistorial. Los vecinos de Seixo que hace un par de días volvieron a poner sobre la mesa el conflicto del camino de Aguete ocupado por un inmueble particular asistieron al Pleno mostrando pequeñas pancartas que rezaban Ramallo regala os camiños públicos.

Mientras tanto, la Corporación marinense comenzó el debate aprobando por unanimidad el dictamen de la comisión informativa de Medio Ambiente e Benestar Social relativa a la Declaración institucional do Concello de Marín sobre o 8M, Día Internacional da Muller, que expuso la portavoz del BNG, Lucía Santos. En su intervención, la nacionalista se centró en las dificultades que sufren las mujeres para encontrar trabajo y en el acoso sexual.

En lo que ya no hubo consenso fue en el punto en el que el concejal popular Manuel Santos dio a conocer un reconocimiento extrajudicial de crédito de casi 400.000 euros para hacer frente a facturas pendientes del Concello de finales de 2018. Así, la oposición volvió a incidir sobre los reparos a los que se ven sometidos los gastos del Concello y denunció falta de transparencia.

La portavoz del PSOE, Luz Santiago, insistió en que el informe de Intervención de este crédito es negativo.

El edil de Marea Marín, Xosé Manuel González Dopazo, apuntó que el Concello "non fai unha fiscalización previa" de las facturas y que "é un mecanismo que se repite ano tras ano".

Lucía Santos también apuntó a la falta de transparencia y a la intervención negativa del crédito, mientras que la concejala no adscrita, Pilar Blanco, añadió que si no se pagaron las facturas en 2018 fue porque "non tiñan cartos", y criticó al Gobierno municipal por alardear de unas cuentas saneadas cuando "loxicamente non estaban estes 400.000 euros" y especuló con la posibilidad de que hubiese más dinero sin cargar a los Presupuestos de 2018.

Por su parte, el edil no adscrito Alfonso Fernández insistió en la "gravedad" de "pasar por alto a función interventora". "En 2018 non se tivo ningún tipo de control no gasto", aseguró.

Manuel Santos afirmó que en el bipartito había facturas sin pagar de "hasta tres y cuatro años anteriores" y consideró que la oposición no debería dar lecciones sobre ese tema.

Con todo, el dictamen fue aprobado con los votos a favor del PP, la abstención de Marea Marín y BNG y en contra del PSOE y de los concejales no adscritos.

Donde sí hubo unanimidad fue en la moción presentada por el PSOE y que expuso el socialista Juan Muradas para que se "despolitice" el debate del problema de aparcamiento en la villa, algo que no admite discusión, dijo, y que se convoque la Mesa do Comercio para tratar de dar solución a este problema, que se vio agravado recientemente con las obras del colector de la Avenida de Ourense. Con ello, el PSOE pretende facilitar e impulsar la compra en el pequeño comercio.

Aunque el PP votó a favor de la moción, sí defendió que su Gobierno había incrementado el número de plazas de aparcamiento gratuito, algo que la oposición trató de desmentir.

En definitiva, la Corporación acordó sentarse para hablar y buscar soluciones factibles a la escasez de plazas de aparcamiento en la villa.