martes. 22.10.2019 |
El tiempo
martes. 22.10.2019
El tiempo

El Puerto vuelve a la cuerda floja

Vista aérea de la rada marinense. JAVIER CERVERA-MERCADILLO (ARCHIVO)
Vista aérea de la rada marinense. JAVIER CERVERA-MERCADILLO (ARCHIVO)

Desde el 2009, han sido muchas las resoluciones judiciales que han ido trazando el camino de este litigio, que enfrenta a la AP y a las administraciones públicas con varios colectivos vecinales

El crecimiento del Puerto de Marín hacia el mar ha dado prosperidad a una rada que cuenta, a día de hoy, con un posicionamiento dentro de la red de puertos de interés general del Estado mucho más determinante que el que ostentaba a finales de los 90. Sin embargo, la otra cara de la moneda de los rellenos ganados al mar es el tortuoso camino judicial que se inició con una sentencia del Tribunal Supremo en octubre de 2009 y que continúa a día de hoy, con el auto hecho público el viernes pasado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Durante este periplo, han sido diversas las decisiones adoptadas por los órganos judiciales, muchas de ellas dando la razón a los colectivos sociales que luchan por recuperar el ámbito marítimo hormigonado. A pesar de ello, la demolición de los rellenos no es una realidad en la actualidad porque el TSXG tiene la labor de delimitar, por orden del Tribunal Supremo, cuáles son exactamente. Un ingeniero se encargará de elaborar un estudio planimétrico para dilucidar esta cuestión. Después, puede que la situación se le complique a la Autoridad Portuaria de Marín.

La resolución firme del 2009

El Tribunal Supremo puso la primera piedra de este proceso litigante en octubre del 2009, cuando emitió una sentencia firme en la que obligaba al Puerto a demoler los rellenos, que consideró ilegales y que, según la Plataforma en Defensa dos Praceres, que lideró esta causa desde el primer momento, abarcan una superficie de 300.000 metros cuadrados. La decisión del tribunal se amparaba en que el Plan Especial de Usos del 2000 es nulo por carecer de un estudio de impacto ambiental, por lo que todas las obras realizadas bajo su paraguas carecen de toda cobertura legal.

La noticia fue un golpe duro de encajar para la Autoridad Portuaria, pero también para las empresas que se verían afectadas por la destrucción de su área de trabajo, como son Cabomar, Gonvarri, Pérez Torres y Cementos Cosmos. Las administraciones involucradas en la aprobación del Plan, que son la Xunta de Galicia, el Concello de Marín y la Deputación de Pontevedra, tampoco pudieron hacer la vista gorda ante una situación judicial que las posicionaba en la primera línea del problema.

Los plazos del 2015

 

Aunque el Puerto tuvo que seguir creciendo con la losa de la resolución judicial sobre su espalda, nada pudo frenar su expansión económica. Pero el 2015 sería un año de amargas noticias para la rada, ya que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia reiteró, en el mes de enero, la orden de ejecución de la sentencia del Supremo, dándole un plazo de 20 días a la Administración portuaria para que llevase adelante los trabajos. Ya antes, en el 2013, había emitido otras dos órdenes similares, igual que el Alto Tribunal, que exigió a la AP que hiciese efectivo su mandato en el 2014.

Pero la posibilidad de anteponer recursos ante las novedades judiciales que iban apareciendo, fue retrasando la llegada de ese momento hasta el día de hoy.

Durante este año, también se sucedieron los apoyos públicos al Puerto de Marín, llegados fundamentalmente desde las instituciones. Por parte de la Xunta, la conselleira de Infraestruturas o el actual vicepresidente, Ethel Vázquez y Alfonso Rueda, mostraron su respaldo a las actuaciones llevadas a cabo en suelo portuario. También el Concello de Marín se puso del lado de la rada marinense. Incluso, un año más tarde, la Corporación firmó una declaración en defensa del gran pulmón económico de la localidad.

Llegado el mes de marzo, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia se volvió a pronunciar, denegando los recursos interpuestos por la Abogacía del Estado, en la que se le solicitaba al órgano judicial autonómico que remitiese de nuevo el expediente al TS.

Un cambio de timón

 

El 2017, por contra, dio un respiro importante al Puerto, con un cambio de timón de las decisiones judiciales que le dieron cierto margen para continuar diseñando la estrategia judicial con la que tratar de demostrar su tesis de que los rellenos son legales, ya se que hicieron amparados en otros planes y autorizaciones diferentes al plan del 2000.

En una sentencia conocida en octubre de ese año, el Alto Tribunal aceptó el recurso presentado por la Autoridad Portuaria contra la sentencia del TSXG que ponía la espada de Damocles sobre la rada, exigiendo al tribunal gallego que delimite, con exactitud, cuáles son los rellenos que se pueden considerar fuera de la ley, ya que para el Supremo, la superficie de 300.000 metros cuadrados no es exacta, porque puede haber terrenos que no estuviesen afectados por el plan urbanístico anulado, por lo que no tendrían por qué ser destruídos.

Siguiendo un poco la misma línea que el órgano judicial estatal, el TSXG falló en mayo a favor de la AP y del Concello de Marín, rechazando los recursos interpuestos por los colectivos sociales y ecologistas, dando un paso atrás en la anulación del plan de usos. Según la argumentación del tribunal, hasta que no se cumpla con el dictamen del Supremo de delimitar los rellenos, no se puede poner en tela de juicio el plan especial y, por ende, el estudio de impacto medioambiental que lo hizo caer en su día.

Un movimiento esperado

 

Con estas cartas sobre la mesa, era de esperar que en cualquier momento el TSXG notificase a las partes implicadas en este litigio que iniciaría los trabajos para dilucidar qué rellenos son ilegales y cuáles no. Para ello, encargará a un perito la realización de un estudio planimétrico de toda la superficie portuaria.

Ni la Autoridad Portuaria, ni la Xunta, la Deputación y el Concello de Marín están de acuerdo con esta decisión, ya que consideran válido un informe pericial presentado por la AP, que según explican en los antecedentes de hecho, no se ha tomado en cuenta. Le pedían al tribunal que basase la división de los rellenos en ese estudio, pero finalmente el órgano autonómico ha decidido analizar los terrenos desde cero, lo que pone al Puerto, de nuevo, en la cuerda floja.

María Ramallo: "Damos, dimos y daremos por válido el informe del Puerto"
La alcaldesa valoró este sábado el auto del TSXG hecho público el pasado viernes y aseguró que el apoyo del Concello al Puerto sigue siendo igual de firme. "Damos, dimos y daremos por válido el informe del Puerto, y estamos convencidos de que los hechos probados son inalterables". Ramallo expresó su deseo de que esta batalla judicial, "que dura ya másde nueve años, toque cuanto antea a su fin, tanto por el bien del Puerto como el de los trabajadores que dependen de él". La alcaldesa de Marín asegura que siempre ha habido "intereses por poner en entredicho al Puerto de Marín", pero confía que el procedimiento acabe dándole la razón a la rada.

 

El Puerto vuelve a la cuerda floja
Comentarios