El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha desestimado el recurso de apelación interpuesto contra el auto dictado en marzo por el juzgado de Instrucción número 3 de Cangas, el cual sobreseyó el procedimiento penal contra la residencia DomusVi Cangas iniciado por las hijas de dos usuarias que se contagiaron de covid-19, lo que causó la muerte de una de ellas.
La querella estaba dirigida también contra la consejera delegada en España de DomusVi, Josefina Fernández; contra la directora del centro de Cangas, Laura Cancelo; y contra el entonces director general de Mayores y Personas con Discapacidad, Ildefonso de la Campa, así como contra la jefa de Inspección de Mayores y Discapacitados de la Xunta, Berta Besada.
Según explica el alto tribunal en la sentencia, "las conclusiones a las que se llega por la Juez de Instrucción y el Ministerio Fiscal son absolutamente correctas y se comparten plenamente por la Sala".
La jueza de primera instancia concluyó en su auto, con fecha de 25 de marzo, que "no aparecen indicios suficientes de la perpetración de delito", lo cual dio origen a un recurso de apelación de las querellantes que el TSXG admitió a tramite para concluir que no puede "sino confirmar la conclusión del Instructor al concluir que no existen indicios de responsabilidad penal por parte de los investigados".
Según el TSXG ni se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de los querellantes, como señalaron en su apelación, ni es posible acreditar si se hubiesen evitado los resultados lesivos y mortales de las dos residentes de haberse ejecutado alguna acción omitida por los querellados.
La querella fue presentada el pasado 16 de junio de 2020 y en ella las hijas de las dos usuarias de la residencia de Aldán acusaban de delitos de homicidio, lesiones y abandono a los querellados, y ahora el recorrido judicial de la demanda llega a su fin al haberla declarado firme el TSXG.
