Las secciones sindicales de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra (CGT, CC OO, UGT, CIG y SPPLB) denuncian "las nefastas políticas laborales" del presidente de la institución, José Benito Suárez Costa.
A través de un comunicado de prensa conjunto, también recalcan la "deficiente gestión" llevada a cabo por su director, Miguel Á. Navarro Veroz.
Al respecto, las organizaciones aseguran que existen "cada vez más externalizaciones y privatizaciones en los servicios de la rada marinense".
Otra queja es la relativa a que el empleo público "lo convocan exclusivamente de manera externa, anulando el derecho al desarrollo a la carrera profesional para el personal laboral acogido a convenio".
Además, afirman, "muchas de estas plazas ya están denunciadas por la no paridad en los tribunales, además de otras irregularidades presentes en las bases".
Aseveran también que existen "promociones encubiertas para el personal directivo con subidas salariales de unos 10.000 euros anuales", y citan el caso concreto del ascenso de un trabajador fuera de convenio "a través de una simple valoración de méritos".
"Durante los turnos de noche el personal del servicio eléctrico es destinado, vistiendo uniformidad policial, a realizar labores de la Policía Portuaria, viéndose reducida la seguridad portuaria en el contexto actual de nivel de alerta 4 de amenaza terrorista", añaden.
A esto suman que la actual plantilla de la Policía Portuaria está formada por 15 agentes, según sus datos, de los cuales el 50 % es "personal temporal con menos de dos meses de experiencia".
Asimismo, dicen que "el presidente y la directiva no facilitan datos solicitados y recogidos en la ley de transparencia" y critican que José Benito Suárez, marido de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, "dispone de un vehículo oficial, siendo cada vez menor la presencia laboral que este lleva a cabo en el puerto debido a sus otros compromisos políticos, totalmente ajenos a la actividad portuaria".
"Pese a ello, sigue percibiendo cerca de 80.000 euros anuales", censuran, antes de reprobar igualmente que este organismo es "de los únicos, del total de las 28 autoridades portuarias, en los que todavía se hace jornada partida".
Por último, reprochan que "el reparto del plus de especial desempeño se hace en base a méritos totalmente subjetivos, arbitrarios y, al igual que muchos otros temas que gestionan, se realiza de una manera totalmente opaca".
"Ante estas injusticias que duran años, tanto el presidente como el director se niegan a negociar con los sindicatos y siguen manteniendo un tono autoritario y alejado de la realidad social, fomentando un mal ambiente laboral", concluyen.
Por todo ello, solicitan "ayuda e intervención" al consejo de administración de la Autoridad Portuaria, a partidos políticos, a los ayuntamientos de Marín y Pontevedra y a otras instituciones como Puertos del Estado y el Ministerio de Fomento para "tratar de paliar este continuo atentando y merma en los derechos laborales de la plantilla de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra".
