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Zamoranos y Morones no podrán contar con protección policial sin orden judicial

Los nuevos puestos del mercadillo empezaron a funcionar en julio. M. A.
Los nuevos puestos del mercadillo empezaron a funcionar en julio. M. A.

La Asociación de Empresarios y Comerciantes acusa a los Zamoranos de "fraude" en relación a la obtención de la licencia de cuatro puestos

La Subdelegación del Gobierno en Pontevedra aseguró el miércoles que la protección policial que Los Zamoranos piden para poder acudir al mercadillo de la villa sin correr ningún tipo de riesgo no puede ser concedida, a no ser que exista una orden judicial que así lo recomiende.

El clan presentó un escrito a mediados de julio a la institución, cuando la ampliación del Jueves a las calles Sol y Real inició su andadura, en el que solicitaban contar con escolta por miedo a que se produjesen altercados con Los Morones, el otro clan de etnia gitana con el que han tenido problemas desde hace varios años en diversos mercadillos gallegos.

Según apunta la Subdelegación, el documento se remitió a la Policía Nacional, cuerpo de seguridad que tiene competencias en el término municipal de Marín, que decidió aumentar la presencia de efectivos en las primeras semanas de mercadillo, con el fin de garantizar la seguridad ciudadana.

Sin embargo, Los Zamoranos, que aunque no consiguieron ninguna de las nuevas plazas de la ampliación sí cuentan con puesto en el mercadillo tradicional, no volvieron a aparecer por la villa marinense, por lo que la Policía Nacional decidió retirar el dispositivo extra de seguridad que se había desplegado para garantizar el buen desarrollo del mercadillo.

Fuentes de la Subdelegación afirman que, desde el de julio, no se volvió a recibir ningún requerimiento de protección policial por parte de ningún colectivo ni abogado.

FRAUDE. La Asociación de Empresarios y Comerciantes de Galicia tiene, sin embargo, una versión totalmente distinta sobre la ausencia de Los Zamoranos en Marín. En un comunicado remitido el miércoles, el colectivo afirma que "si estas personas no acuden no es ni más ni menos porque han sido denunciados por otros vendedores y por una comisión de ambulantes, los cuales son testigos directos de que estas mismas personas son las que fueron denunciadas por compra fraudulenta de puestos en ese mismo mercadillo".

Según la asociación, ese supuesto "fraude" afectaría a cuatro licencias y creen que si Los Zamoranos no acuden todos los jueves al municipio es "porque temen su detención por estas denuncias". Además, añaden que "este tipo de operaciones" también se habrían llevado a cabo en Cangas y en Moaña.

La asociación tiene previsto presentar "en breve" ante los tribunales una denuncia sobre los hechos, "pues existen más de 20 testigos directos", asevera.

Dándole la vuelta a la tortilla, es la asociación la que le solicita ahora a la Subdelegación protección policial "para los más de cien vendedores gitanos gallegos que han tenido que dejar sus puestos en los mercados de Porriño, Tui, Ponteareas, Salvaterra y Sabarís por miedo a las represalias que pudieran sufrir por parte de los vendedores gitanos zamoranos", argumentan.

En esa línea, el colectivo alega que integrantes de este clan "atacaron y agredieron con barras de hierro a la familia Giménez" y denuncia que otros vendedores ambulantes fueron "amenazados y acosados".

Por otra parte, la asociación solicita al Juzgado número uno de Cangas que se tramite la denuncia que presentaron el pasado 25 de enero contra el Concello de esta localidad, su secretario municipal y el portavoz socialista y abogado de los zamoranos, Alfredo Iglesias, a raíz de la reincorporación de los zamoranos al mercadillo cangués tras la reyerta que se produjo entre ambos clanes. "Solicitamos que se empiece a citar a las personas objeto de dicha denuncia, ya que los posibles delitos denunciados son graves", sostienen.

Sin colchón legal para anularlo
Un grupo de comerciantes solicitó al Concello de Marín la anulación del sorteo de los nuevos puestos del mercadillo y algunas voces volvieron a pedir con fuerza su repetición tras el altercado ocurrido entre una mujer y su perro y un niño, familiar del clan de Los Morones. Sin embargo, la concelleira Cristina Acuña asegura que no hay "nada jurídico" que sustente su anulación. Además, descartó que el Concello vaya a poner más seguridad.

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