Los juzgados de lo Penal de Pontevedra acogerán a mediados del presente mes de marzo la vista oral contra J.L.L.A., un vecino de Vilagarcía acusado de dos delitos de abusos sexuales y uno más de lesiones, tras ser denunciado por dos mujeres que refirieron haber sufrido tocamientos en el interior del jacuzzi de las piscinas públicas de Fontecarmoa.
La primera de las denunciantes explica en su relato que sobre las 19.45 horas del 24 de abril de 2017, el acusado, que se encontraba dentro del citado jacuzzi, le tocó varias veces uno de los pechos y, acto seguido, le realizó más tocamientos en la zona de la vagina, por encima del bañador. A raíz de tales hechos, tal y como explica el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación, la víctima sufrió un "leve eritema en los genitales externos, además de ansiedad reactiva. Dichas lesiones precisaron para su curación de una primera asistencia facultativa y tratamiento médico, sanando en un período de 30 días".
El segundo de los episodios denunciados (no se descarta que se hubiesen producido más, pero la inexistencia de otras demandas impide acreditarlo) ocurrió en el mismo mes de abril y en el mismo recinto deportivo de Fontecarmoa, donde el acusado, "con ánimo libidinoso y sin su consentimiento", realizó tocamientos en el culo a la víctima, que, en este caso, prefiere no reclamar daños y perjuicios para evitar revivir los hechos una vez más.
Tras la presentación de las correspondientes denuncias, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Vilagarcía de Arousa decretó la libertad provisional y sin fianza del acusado (que había sido detenido por la Policía). Desde ese mismo instante, eso sí, se le impuso la prohibición de acudir a las instalaciones de la piscina municipal del extrarradio de Vilagarcía durante la tramitación del procedimiento.
LAS PENAS. La Fiscalía Provincial de Pontevedra considera los hechos que afectaron a la primera de las denunciantes constitutivos de un delito de abusos sexuales y un segundo de lesiones. Por el primero de ellos se enfrenta a una posible pena de dos años de prisión y una orden de alejamiento de cinco años en beneficio de la víctima, además de idéntico período de libertad vigilada que comenzaría a contar cuando saliese de prisión. Por el segundo delito, el fiscal exige una pena de multa de más de 3.000 euros.
En cuanto a los hechos que afectaron a la segunda de las víctimas, el fiscal también los considera un delito de abusos sexuales y pide penas idénticas a las anteriores, para un total de cuatro años de cárcel, diez de alejamiento y otros tantos de libertad vigilada.
Además, en concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Público pide que el presunto delincuente sexual abone 7.230 euros por las lesiones sufridas y los daños morales, cantidades incrementadas en un diez por ciento al tratarse de hechos dolosos.
En virtud de la misma, ya no existirán los delitos de abusos sexuales, pasando a catalogarse todos como agresión. Las penas a imponer oscilarán en todo caso entre uno y quince años, en función de la gravedad de los hechos. La tramitación de la ley, sin embargo, aún será larga.
