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Cae el presunto suministrador de los clubes cannábicos 'legales' de la provincia

En el chalé de Sanxenxo había más de 500 plantas de marihuana. DP
En el chalé de Sanxenxo había más de 500 plantas de marihuana. DP

Vecino de Pontevedra, tenía un laboratorio a gran escala en Sanxenxo ▶ La Policía Nacional le incautó unas 500 plantas de marihuana y arrestó a sus dos supuestos colaboradores

Furtivo a tiempo parcial, productor, distribuidor y traficante de drogas a tiempo completo. Ese es el perfil del vecino de Pontevedra detenido por el Grupo de Tráfico Medio de Estupefacientes de la Comisaría, después de cazarle con el carrito del helado. El investigado, detenido junto a dos presuntos colaboradores suyos, disponía de un laboratorio que le permitía cultivar marihuana a gran escala, con capacidad suficiente para suministrar a los principales clubes cannábicos que permanecen activos en los principales núcleos de población de la provincia, además de vender a distintos clientes.

Las pesquisas partieron del trabajo de los efectivos de la Policía Autonómica, los primeros en manejar indicios de las actividades a las que se dedicaba el ahora detenido. Los agentes dependientes de la Xunta de Galicia le perseguían por su negocio de pesca ilegal en la ría de Pontevedra, lo que les permitió averiguar que tenía una segunda ocupación, igual de ilícita pero mucho más lucrativa.

Con esos datos en la mano, los primeros seguimientos que le efectuaron los especialistas antidroga determinaron la ubicación de un chalé en las afueras de Sanxenxo al que acudía habitualmente en compañía de otras personas, lo que les sirvió para confirmar las sospechas.

REGISTRO. Con una orden judicial en la mano, los policías entraron en el chalé para comprobar que gran parte de sus estancias estaban destinadas a las distintas fases del cultivo de la marihuana, desde sus estadios iniciales, pasando por las fases intermedias de crecimiento y finalmente desembocando en plantas adultas con los cogollos ya desarrollados.

Disponían, además, todo lo necesario para su recolección y posterior secado, que se realizaba en otras de las estancias de la vivienda, paso último antes de la preparación para su distribución a los consumidores finales.

En el marco del registro, los agentes se incautaron de más de diez kilos de marihuana en 500 plantas de distintos tamaños, además de toda clase de utensilios, necesarios todos ellos para el cultivo y el correcto desarrollo de la actividad ilícita: productos fertilizantes, básculas, equipos de iluminación, ventiladores de aire o transformadores eléctricos fueron hallados en las distintas dependencias del inmueble.

Por si esto no fuera suficiente, el principal investigado había decidido que iba a repartir entre el resto de contribuyentes de Pontevedra el pago de las elevadísimas facturas de la luz que debería afrontar para alimentar los equipos necesarios para el cultivo de sus plantas. Para ello, decidió engancharse al fluido eléctrico, teniendo conectado el suministro directamente a la red, sin pasar por ningún registro que cuantificase su consumo. El fraude por esta vía podría ascender a decenas de miles de euros.

El caso está ahora en manos del Juzgado Número 3 de Cambados.

Limbo legal. El Supremo marca los límites
La figura de las asociaciones dedicadas al cannabis, en sus distintas versiones, permanece a día de hoy en una situación legal compleja que permite su existencia con importantes restricciones que, según la información que manejan la Policía Nacional y la Guardia Civil, no se suelen cumplir.

Un ejemplo de ello es la reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, que condenó a los dos responsables del colectivo Casa María a penas de tres meses de cárcel (habiendo dado por buenas las atenuantes de dilaciones indebidas y drogadicción). El tribunal entendió acreditado que los investigados no impedían el consumo fuera de las instalaciones de la asociación.

La actual jurisprudencia señala que algunas de estas actividades pueden "carecer de relevancia penal" siempre y cuando se desarrollen en entornos privados y cerrados por parte de un número reducido y controlado de personas y con los gastos sufragados por todos ellos. Sin embargo, en la mayor parte de los casos, estas asociaciones "desbordan la doctrina del consumo compartido".

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