La Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a once años de cárcel y a cinco de libertad vigilada al vecino de Ribadumia Juan Manuel L.M. como autor de un delito continuado de violación. Además, este tribunal le absuelve de maltrato habitual y del delito leve de injurias.
Las magistradas de la sección cuarta consideran probado que el acusado agredió sexualmente a su expareja entre mediados de agosto y finales de septiembre de 2015.
El acusado y la víctima mantuvieron una relación análoga a la conyugal durante más de cuatro años hasta que se terminó el vínculo sentimental en agosto de 2015, aunque seguían viéndose ya que él tenía las llaves del domicilio de su expareja en Cambados y dormía en su casa casi todos los días.
"Hubo repetidas agresiones sexuales una vez terminada la relación sentimental realizadas en un breve espacio temporal. El encausado le obligó a mantener relaciones sexuales unas ocho veces, además de la ocurrida en la furgoneta el día de la denuncia", indican las magistradas en su fallo judicial.
"Que la intimidación, incluso, la violencia estuvieron presentes, tampoco ofrece duda alguna al tribunal", según recoge en el texto de la sentencia.
La Audiencia indica que el relato de la víctima es "coherente y sin fisuras" y que ha permanecido "inalterado a lo largo del tiempo" y en el que "no se aprecian excesos".
Además, su versión de los hechos está corroborada por los mensajes de WhatsApp que le envió el imputado, por fotografías de daños y desperfectos realizadas por la víctima y por los informes forenses de las lesiones que presentaba la denunciante.
El relato de los hechos probados describe como el acusado controló y dominó de manera constante a la mujer preguntándole dónde estaba, con quien, qué iba a hacer e intimidándola para que contestase.
Durante la vista oral, el acusado aseguró al tribunal que "el corrector mandaba palabras que no quería escribir" y reconoció que "a veces por ataques de celos ponía cosas que no debía" y agregó que "siempre le pedía perdón después".
El tribunal también le impuso al sospechoso el pago de una indemnización de 25.000 euros y la prohibición de comunicarse por cualquier medio y de aproximarse a su expareja durante 15 años.
