Condenan a dos furtivos capturados in fraganti con almeja ilícita en Sanxenxo

Los investigados serán inhabilitados para la actividad marisquera durante un año ► Llevaban 109 kilos de bivalvo
Una incautación de almeja a cargo de la Guardia Civil. DP
photo_camera Una incautación de almeja a cargo de la Guardia Civil. DP

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha dado por buena la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal 3 de esta ciudad, que condena a dos individuos por un delito de marisqueo ilegal tras ser identificados en la zona de A Granxa, en la unión de los términos municipales de Poio y Saxenxo, con más de 100 kilos de almeja extraída de forma ilícita.

Los hechos, según el dictamen contra el que aún cabe recurso en el Tribunal Supremo, sucedieron sobre las 18.15 horas del 22 de enero de 2019, cuando los dos acusados, uno de ellos con antecedentes cancelables a efectos de reincidencia, fueron sorprendidos en posesión de 109 kilos de almeja japónica y fina que llevaban en el maletero de su BMW. "Agentes de la Guardia Civil les dieron el alto cuando circulaban a la altura del punto kilométrico 12,5 de la carretera PO-308 (Pontevedra-A Lanzada), sentido A Lanzada, desconociéndose la procedencia de la almeja o el lugar de extracción".

Las almejas fueron decomisadas y devueltas al mar. Los acusados obtuvieron las mismas, según detalla la sentencia que ahora avala la Audiencia Provincial, "careciendo de la preceptiva autorización administrativa previa para marisquear, y contraviniendo las condiciones particulares de marisqueo establecidas para ese bivalvo en la zona de su aprehesión".

En concreto, en esa fecha solo se autorizaba la extracción de once kilos por persona. Además, tres cuartas partes de la almeja que fue intervenida no cumplía las medidas mínimas exigidas por el reglamento.

Por todo ello, y en vista de lo ocurrido, los dos investigados resultan condenados a la inhabilitación para la actividad marisquera por un período de un año. Además, les impone el pago de sendas multas de 720 euros, además de las costas procesales del asunto.

El tribunal considera que fueron autores de un delito relativo a la protección de la flora, la fauna y los animales domésticos. Su defensa pidió a la Audiencia su absolución al tiempo que el fiscal se opuso. La Audiencia coincidió con el Ministerio Público y con el juzgado de lo Penal.