La D.O. Rías Baixas, preocupada ante la posibilidad de tener que desechar uva

El Consejo Regulador pide aclaraciones sobre el Real Decreto que insta a "reducir la producción en esta vendimia"
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photo_camera Operarios durante la vendimia celebrada el año pasado en una bodega de la Denominación. JOSÉ LUIZ OUBIÑA

El Consejo Regulador de la Denominación de Orixe Rías Baixas no ha recibido con buenos ojos las ayudas aprobadas el pasado martes por el Consejo de Ministros para "paliar la difícil situación" que atraviesa el sector vitivinícola a causa de la covid-19.

En opinión del presidente del Consejo, Juan Gil de Araújo, las subvenciones, valoradas en 90,5 millones de euros y aprobadas a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, "no son aplicables a la viticultura gallega", sino que están más orientadas a "otras explotaciones" destinadas a otro tipo de negocios, entre los que destaca los vinos a granel y las grandes producciones asentadas en otras regiones.

Las ayudas en cuestión financian la destilación de la uva para fines no agrolimentarios, el almacenamiento de los caldos hasta que se recupere el ritmo de ventas y la cosecha en verde, esto es, la retirada de los racimos sin madurar para reducir el índice de producción. A juicio de la D.O. los requisitos impuestos para acceder a las mismas hacen que "el sector vitivinícola gallego se quede totalmente fuera" de las próximas inyecciones, pero lo cierto es que no es el único punto que ha suscitado reproches ni el que más preocupa.

Ese mismo decreto que regula las retribuciones, el RD 557/2020, advierte (en el artículo 37) de que "en la campaña 2020/2021 los Consejos Reguladores deberán adoptar decisiones encaminadas a reducir la producción en esta vendimia", lo que, a ojos del órgano pontevedrés, abre la puerta a desechar la materia prima: "Hemos pedido aclaraciones al respecto, pero tal y como está escrito el artículo, antes del 30 de junio tendremos que decirle al Ministerio cuánta uva vamos a obligar a que tiren los viticultores", advierte Araújo.

El Consejo Regulador critica que no se flexibilicen las ayudas a la "cosecha en verde", dirigidas a la "destrucción" de todos los racimos inmaduros del 100% de las parcelas afectadas

El mencionado artículo no especifica en qué porcentaje se debe reducir la cosecha. En cambio, el decreto echa por tierra una de las peticiones cursadas desde las denominaciones gallegas y que afecta a una de las recientes ayudas. Se trata de las subvenciones para aplicar por primera vez en España la "cosecha en verde" y que básicamente consiste en "la destrucción o eliminación total de los racimos de uvas cuando todavía están inmaduros, de manera que se reduzca a cero el rendimiento de la parcela".

El sector gallego había solicitado una flexibilización, "para no hacerlo en el 100% de la parcela, sino solo en una parte y con una compensación por la uva perdida". Sin embargo, la petición fue desbaratada y, además, la ayuda se destina únicamente a parcelas superiores a 0,3 hectáreas, por lo que la mayoría de los viticultores pontevedreses se quedan fuera del plan, cuyo presupuesto asciende a diez millones de euros.

Otro paquete de ayudas, el de más valor (65,5 millones), va destinado a financiar la "destilación de crisis" para que el acohol destilado se oriente a fines industriales y energéticos. El problema en este caso son los importes de las ayudas: 40 euros por hectolitro para vinos con denominación de origen, lo que implica una rentabilidad mucho menor a la que se cosecha con la uva albariña. "No nos vale para nada", sentencia el presidente del Consejo Regulador.

La apertura de la hostelería ha elevado las ventas de ese canal, pero la recuperación está siendo "lenta"

Finalmente, existe una tercera línea de ayudas, valorada en 15 millones. Su finalidad es subvencionar el almacenamiento de los caldos hasta recuperar el ritmo de ventas, con un importe de ayuda de 0,027 euros/hl. de vino y día de almacenamiento. Sin embargo, de nuevo los morapios Rías Baixas salen perdiendo. Para los blancos el período máximo de subvención es de 180 días, frente a los 270 o 360 días a los que pueden aspirar los tintos.

El varapalo a los vinos con sello pontevedrés culmina con la negativa del Gobierno a otra petición trasladada desde las denominaciones gallegas para aumentar la financiación destinada a las campañas de promoción dentro de España y la Unión Europea. En palabras de Araújo, la solicitud hizo hincapié en la necesidad de subvenciones para "promocionarnos dentro del mercado interior", pero ésta no solo fue descartada, sino que salió escaldada con el nuevo decreto. "Finalmente dedujeron su importe para aumentar esas otras ayudas que no tenemos forma de utilizar".

La apertura de la hostelería ha significado un repunte de las ventas en el canal Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías), que antes de la irrupción de la covid-19 comprendía el 54% de las ventas nacionales. No obstante, la recuperación en este sector "está siendo lenta" y acompasada de una consecuente reducción de las ventas en el canal de la alimentación. "El consumo en casa empieza a reducirse y empieza a aumentar en la hostelería, pero todavía con mucha timidez".

La vendimia de 2019 fue la más baja de los últimos cuatro años 
La campaña de vendimia en las Rías Baixas terminó el año pasado con 32.401.591 kilos de uvas, un volumen que representó un descenso del 16% respecto al año anterior y que se coronó como el más bajo de los últimos cuatro años debido, según los expertos, a una meteorología adversa. Hasta la fecha la mejor cosecha para los viticultores de las Denominación de Orixe Rías Baixas tuvo lugar en 2011, cuando se recogieron más de 41 millones de kilos.

7.997 kilos por hectárea 
El rendimiento medio de la última campaña se situó en los 7.997 kilos de uva por hectárea, un promedio similar al de los últimos diez años. En cambio, el precio media de venta se situó en los 1,40 euros por kilo de uva, un importe superior al de cosechas previas alcanzado gracias al bajón de la recolecta y la alta demanda de uva. 

5.177 
Es el número de viticultores que participaron en la última vendimia, en la que de nuevo la uva albariña fue protagonista. De los 32 millones de kilos recogidos, el 96% se correspondió con esta variedad, seguida de lejos por los subtipos caíño blanco (0,83%) y treixadura (0,67%). El Consejo Regulador fue fundado en 1988 y actualmente la D.O. cuenta con 4.061 hectáreas, repartidas en 21.825 parcelas. Genera 7.600 empleos directos y 5.200 eventuales, y comprende 180 bodegas que ya exportan al mercado exterior tres de cada diez litros.