La Audiencia Nacional ha decretado prisión incondicional para cuatro de los diez detenidos por formar parte de una organización criminal asentada en Galicia que distribuía cocaína por España y algunas zonas de Portugal, usando para ello vehículos dotados de tecnología de inhibidores de frecuencia y sistemas de detección de radio frecuencia.
Otros cinco detenidos, según informa Europa Press, han quedado en libertad con la imposición del pago de una fianza de 2.000 euros, y otro más con la obligación se comparecer de forma periódica en el juzgado, retirada pasaporte y prohibición de salir del país.
La operación, bautizada como Carplaya, se ha saldado con 15 registros en varios municipios de Pontevedra y Lugo, procediéndose a la incautación de 220 kilogramos de cocaína y 2,5 de hachís. Se inmovilizaron más de cuatro millones de euros, según ha informado la Guardia Civil, que destaca el hallazgo de la sustancia estupefaciente oculta en un zulo en una granja agrícola y ganadera en Vilagarcía de Arousa con un "sofisticado sistema de soterramiento".
La investigación, llevada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, se inició en el mes de abril del pasado año tras tener conocimiento de la posible existencia, gracias a la colaboración internacional de la Guardia Civil en materia de narcotráfico, de un robusto entramado criminal asentado principalmente en Galicia, pero con una intensa actividad delictiva por distintas provincias españolas, e incluso por varias zonas de Portugal.
Granja agrícola y ganadera en Vilagarcía
En una de las fincas registradas en Vilagarcía fue hallada la mayor parte de la sustancia estupefaciente intervenida, encontrándose oculta en un zulo subterráneo habilitado al efecto, siendo su hallazgo muy complicado para los agentes dado su sofisticado sistema de soterramiento.
La investigación ha sido llevada a cabo por el Equipo contra el Crimen Organizado con sede en Galicia de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, contando con la colaboración de Europol en el desarrollo de las investigaciones. El dispositivo de la fase de explotación, ha contado con la participación de más de 250 agentes de diferentes unidades de la Guardia Civil, entre ellas el Grupo de Acción Rápida (GAR), los Grupos de Reserva y Seguridad de Valencia y León, Servicio Cinológico Central, Sección Fiscal de Melilla y diversas unidades de las Comandancias de Pontevedra, Lugo y Melilla.
La investigación ha sido dirigida por el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga
Taller clandestino en Vigo
En el transcurso de la operación, según se iban definiendo los distintos objetivos, los agentes pudieron corroborar como algunos de los investigados, transportaban indeterminadas cantidades de estupefaciente ocultas en vehículos, sin contar con el apoyo de otros vehículos de seguridad para evitar controles policiales o cualquier otra incidencia como es lo habitual en estos modus operandi, lo que puso sobre la pista a los investigadores de la posible existencia de sofisticados sistemas de ocultación en el interior de los mismos.
Esta línea de investigación, llevó a los agentes hasta un taller clandestino ubicado en la ciudad de Vigo, cuyo responsable ha resultado ser un actor fundamental en la logística utilizada por la organización ahora desmantelada.
Vínculos familiares ligados al narcotráfico
El grupo criminal investigado estaba fuertemente cohesionado, ya que gran parte de sus integrantes estaban unidos por vínculos familiares y delincuenciales que han perdurado en el tiempo, contando con experiencia previa en esta tipología delictiva, así como en el uso de tecnología de mensajería encriptada en sus comunicaciones, sistemas de inhibición y detectores de radiofrecuencia de última generación.
Alto nivel de vida
Por otro lado, ha sido muy relevante para los investigadores el comprobar el alto nivel de vida de muchos de sus integrantes, aún sin disponer de ingresos económicos legales conocidos, ni propiedades, pero sí distintas sociedades en grave estado de déficit declarado.
Pese a ello, los investigados adquirían con frecuencia vehículos de alta gama, todo tipo de mobiliario para viviendas a nombre de cónyuges o familiares, así como viajes exclusivos, lo que derivó en un exhaustivo análisis económico y patrimonial sobre los principales miembros de esta organización y de sus sociedades, permitiendo todo ello la imputación de otros delitos como el blanqueo de capitales.
Atacar los elementos económicos y financieros
Históricamente, el conjunto de este tipo de actividades delictivas, se encuentran profundamente arraigadas en determinadas zonas de población, aflorando en las mismas una economía sumergida que ha generado entramados societarios y actividades económicas de distinta índole, que se nutren directa e indirectamente de los beneficios obtenidos del tráfico de estupefacientes, siendo un objetivo prioritario para los investigadores el erradicar los aparatos económicos y financieros que estas organizaciones criminales, muy asentadas en el noroeste peninsular y en otras zonas de nuestro país, sustentan.
El pasado miércoles, se llevó a cabo la fase de explotación de la investigación, procediéndose a la detención de 10 personas, a las que se imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, contra la salud pública y blanqueo de capitales, así como a 15 registros que se practicaron en las provincias de Pontevedra y Lugo.
De manera global, la operación Carplaya se ha saldado con la intervención de 220 kilogramos de cocaína, 2.5 Kg de hachís, 640.000 euros en billetes de diverso valor, 8 vehículos, inhibidores de frecuencia, sistemas de detección de radio frecuencia (raquetas), documentación relacionada con los ilícitos investigados y terminales con sistemas de comunicación encriptados. En la parte económica, han sido inmovilizados más de 4 millones de euros entre sociedades mercantiles, bienes inmuebles, embarcaciones, y cuentas bancarias bloqueadas.
