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Un geriátrico de Vilanova sigue operativo pese a que la Xunta decretó su cierre el año pasado

Una de las movilizaciones celebradas ante la residencia de Vilanova de Arousa. F.S.
Una de las movilizaciones celebradas ante la residencia de Vilanova de Arousa. F.S.

El sindicato CIG asegura que el negocio está ingresando 150.000 euros cada mes a través de una nueva gerencia, que ya es la cuarta

La residencia de mayores Valle-Inclán, en Vilanova de Arousa, continúa abierta y dando servicio a más de 100 usuarios a pesar de que la Xunta decretó su cierre el año pasado. El sindicato CIG asegura que el negocio está ingresando 150.000 euros cada mes a través de una nueva gerencia, que ya es la cuarta. Se trata de una sociedad llamada First Again, que es la que está cobrando a los usuarios, al contado y a través de una cuenta bancaria, por lo que los ingresos eluden el concurso y los controles oficiales, según denuncia la central sindical.

La CIG acusa a la Xunta de "seguir mirando hacia otro lado" y también reprueba al Ayuntamiento de Vilanova "por permitir que esta situación continúe". Fuentes de la Xunta han precisado que ya se han tomado todas las medidas posibles para el cese de actividad de esta residencia, después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia desestimara los recursos de la empresa para evitarlo.

Desde la delegación de la Xunta en Pontevedra detallan en un comunicado que el 26 de octubre finalizó el plazo establecido para que la residencia Valle-Inclán cerrara sus puertas. Finalizó así el proceso de inspección seguido por la Xunta, que respetó "todos los procedimientos más garantistas".

Ese mismo día, el Gobierno gallego informó a la Fiscalía de la resolución de cierre, así como de las irregularidades detectadas por la inspección. El 2 de noviembre le fue notificado el cierre al centro, y en los días posteriores la Xunta se puso en contacto con las familias para informarles de todas las alternativas residenciales existentes para atender las personas mayores que residen en ella.

Este lunes, señala la Xunta en su nota, recibió una comunicación de la Fiscalía de Galicia conforme este órgano ya ordenó iniciar diligencias de investigación y le dio traslado del caso a la Fiscalía Provincial de Pontevedra. Abundan desde la Xunta que el Ministerio Fiscal asume el caso, con la información que le facilitó la administración autonómica, toda vez que la vía administrativa "ya llegó a su fin".
La Xunta decretó el cierre de la residencia después de que en una inspección se detectaran una serie de irregularidades que no fueron subsanadas.

Entre ellas, que la empresa que figura como titular del centro se encuentra en concurso de acreedores y no dispone del permiso de inicio de actividad o que existen otras dos empresas que prestan servicio en esta residencia sin tener autorización para hacerlo.

Ante esta situación, la Xunta requirió a la gerencia de la residencia que solucionara los problemas identificados e incluso amplió el plazo dado inicialmente para hacerlo. "En todo momento" el Gobierno gallego actuó "con el objetivo último" de evitar complicaciones a las familias de los residentes, concluye el comunicado. 

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