El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha obligado al Ministerio del Interior a desvelar el coste del despliegue de seguridad de la visita del Rey emérito a Sanxenxo en mayo del año pasado tras estimar parcialmente una reclamación contra una resolución anterior del departamento de Fernando Grande Marlaska que había negado esta información.
En la resolución se insta a que el ministerio remita tanto a Transparencia como al reclamante estos datos detallando los "gastos desglosados por partidas" sobre alojamiento, desplazamiento, comidas y dietas de este viaje de Juan Carlos I, que supuso su regreso a España desde su marcha a Emiratos Árabes coincidiendo con varias procedimientos judiciales sobre sus actividades privadas. El documento también debe incluir "otros gastos para cada una de las personas que conformaron el dispositivo, salvo las retribuciones de los miembros de la Guardia Real y los gastos de los vehículos destinados al desplazamiento del Jefe del Estado".
Interior había rechazado dar esta información aludiendo a la Ley de Secretos Oficiales, que otorga la calificación de reservado a los planes de protección ya que desvelarlos "puede poner en riesgo" tanto a quienes se protege como a los agentes que lo hacen. Aquí, el Consejo cree que "el dato relevante" es conocer el coste del dispositivo, lo que no compromete esta protección de la seguridad pública.
Esta decisión pone fin a la vía administrativa, aunque aún se puede interponer recurso ante los juzgados centrales de lo Contencioso- Administrativo de Madrid.
