La Justicia avala la retirada de la cruz falangista de iglesia de Vilagarcía

Ha quedado así desestimada la demanda de la fundación Abogados Cristianos contra la retirada del monumento conmemorativo
Iglesia de Santa Baia de Vilagarcía. GOOGLEMAPS
photo_camera Iglesia de Santa Baia de Vilagarcía. GOOGLEMAPS

El juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Pontevedra ha desestimado la demanda de la fundación Abogados Cristianos contra la retirada de la cruz falangista de la iglesia de Santa Baia, en Vilagarcía de Arousa.

La magistrada de este tribunal da la razón al Ayuntamiento y avala la decisión de eliminar este elemento de la fachada del templo e impone a la demandante el pago de las costas.

El auto emitido por la jueza concluye que dicha fundación "carece de legitimidad activa" para presentar demandas de este tipo porque "ni es titular del derecho a la libertad religiosa ni invoca o acredita un derecho de acción pública urbanística".

Simbología franquista en Vilagarcía de Arousa. CEDIDA
Simbología franquista en Vilagarcía de Arousa. CEDIDA

Añade que la decisión de retirar la cruz afecta al patrimonio de la Iglesia y esta, como titular de una propiedad privada, autorizó "expresamente" esta actuación que, además, recibió el aval del departamento de Patrimonio de la Xunta de Galicia.

La comisión diocesana de arte sagrado del Arzobispado de Santiago estimó "pertinente" retirar dicha cruz, como consta en la documentación aportada por el Ayuntamiento, "dejando la cara de la pared como estaba antes de la colocación de ese monumento conmemorativo".

La jueza asegura en su resolución que "no se acredita" por parte de Abogados Cristianos que la retirada de la cruz cause "daños irreparables" en la iglesia y reitera que también la Xunta determinó que la fachada del tempo debía "devolverse" a su estado original.

Desde el Ayuntamiento de Vilagarcía celebran esta decisión del juzgado aunque lamentan que "denuncias extemporáneas" de este tipo provoquen que "se malgaste tiempo y recursos" de las administraciones públicas y del propio sistema judicial.

Abogados Cristianos había basado su denuncia en que la retirada del monumento falangista de 1939 atacaba a la Constitución, a la Ley de Libertad Religiosa, a la Ley de Memoria Histórica y a la Convención Europea de Derechos Humanos.

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