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Un juzgado confirma la orden de derribo de 52 chalés adosados en San Vicente

La urbanización de Raeiros, en O Grove, afectada por la orden de demolición. XUNTA
La urbanización de Raeiros, en O Grove, afectada por la orden de demolición. XUNTA

Desestima el recurso de uno de los propietarios

El juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Pontevedra ha confirmado la orden de demolición que pesa sobre una urbanización de 52 chalés adosados, en la urbanización Raeiros, situada en San Vicente do Mar (O Grove) en primera línea de playa. La sentencia, que ha sido divulgada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), desestima el recurso de uno de los propietarios contra la resolución de octubre de 2017 de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (Aplu) de la Xunta en la que insta a los titulares de los 52 chalés a cumplir la orden de derribo dictada en 2014.

Dicho derribo, que fue decretado por la Xunta por primera vez en 2010, incluía además los viales y grandes movimientos de tierra realizados en la zona, clasificada como suelo no urbanizable de especial protección de costas. El magistrado explica que la legislación prohíbe usos residenciales en ese tipo de suelo, una zona boscosa que da a la playa de Balea-Raeiros.

En 1993, el propietario obtuvo una licencia para construir un apartahotel de uso turístico, pero, según consta en el fallo, edificó los 52 chalés adosados con uso de vivienda y los vendió a diferentes propietarios. Catorce años después, en 2007, la Xunta les requirió la implantación de uso hotelero y la disolución de la parcelación mediante la unificación de todas las casas en una sola propiedad, pero ignoraron la orden.

En 2010, la Aplu ordenó la demolición y volvió a requerirla en 2014 y, ahora, el juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra confirma esa última orden de demolición e impone al recurrente el pago de costas. "La licencia de obras iba unida a la de actividad. Sin el uso de hotel (sin parcelación) todo lo construido carece de sentido", subraya el juez en el fallo, en el que también apunta la posibilidad de que la licencia del hotel de 1993 haya caducado.

Contra este fallo, los afectados pueden presentar recurso de apelación ante el TSXG. 

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