Un nuevo varapalo urbanístico en Sanxenxo

La última sentencia judicial relacionada a la batalla que mantienen el Concello y la familia Rocafort ha sido emitida por el Tribunal Supremo e insta al Ayuntamiento a asumir el pago de 600.000 euros en concepto de intereses, a mayores de los tres millones correspondientes a la expropiación
La parcela, actualmente en desuso, ya figuraba en las Normas Subsidiarias como zona verde, definición que se mantuvo en el PXOM. J. CASAL (ARCHIVO)
photo_camera La parcela, actualmente en desuso, ya figuraba en las Normas Subsidiarias como zona verde, definición que se mantuvo en el PXOM. J. CASAL (ARCHIVO)

Las alarmas se encendían en junio de 2016. Apenas cumplía su primer año al frente del Gobierno local el tripartito (ya sin Roberto Carlos Agís) cuando sus dirigentes hacían pública una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que condenaba al Concello de Sanxenxo a asumir el justiprecio y los intereses de demora por la expropiación de una parcela situada en el lugar de As Cunchas, muy cerca de la playa de Silgar, perteneciente a la familia Rocafort. Ya entonces se estimaba que la cuantía superaba los tres millones de euros.

Ahora, la Administración municipal suma un nuevo varapalo en este tortuoso proceso. La decisión del Supremo de desestimar el recurso presentado por el Ayuntamiento, obligándole a asumir a mayores el desembolso de unos 600.000 euros en concepto de intereses, echa más leña al fuego. Este revés judicial llega cuando las arcas municipales llevaban ya algún tiempo aliviadas, tras poner, a finales de 2017, el contador a cero en lo que a pagos derivados de sentencias judiciales en clave urbanística se refiere. En un lustro, la Administración local tuvo que hacer frente, por ejemplo, a la devolución, en 17 pagos fraccionados, de los 3,8 millones de euros correspondientes al Suelo Urbanizable número 13, situado en el lugar de Monte Faro (Noalla).

La oposición, crítica con la manera de proceder del alcalde sanxenxino

En cuanto al fallo sobre As Cunchas, los grupos de la oposición ponen en tela de juicio la manera de proceder del alcalde, Telmo Martín, a quien responsabilizan de dilatar en exceso la batalla judicial, lo que se traduce en un aumento considerable en lo que a pago de intereses se refiere. Si la socialista Ainhoa Fervenza criticaba este hecho el pasado jueves, este viernes fue el turno de la líder del BNG, Sandra Fernández, que señaló que "todas as reclamacións que se veñen realizando desde que este señor (en referencia a Martín) é alcalde foron caíndo e, aínda que el negaba que este proceso fose a prexudicar as arcas públicas, unha vez máis demóstrase que, pola súa culpa, teremos que pagar máis de 600.000 euros en intereses, a maiores dos tres millóns orixinais".

A este respecto, Fernández Agraso recuerda que la cuantía todavía podría aumentar, ya que todavía no está claro si el Concello también debe abonar la expropiación de los viales colindantes. Este tema también ha sido llevado a los juzgados, al considerar el Gobierno local que son caminos públicos y que, por tanto, no tienen que ser expropiados. En caso de que los magistrados desestimasen las argumentaciones del Consistorio, "habería que sumarlle a todo isto 1.253.366 euros a maiores, sen contar os intereses creados", advierte la portavoz del BNG de Sanxenxo.

SILENCIO

De momento, el Gobierno municipal no ha hecho ninguna valoración al respecto de la última sentencia del Tribunal Supremo, ni cómo prevé gestionar el pago de los intereses. Para la expropiación, por su parte, ya se contempla una partida específica en los Presupuestos municipales desde el ejercicio 2018. Sobre esta cuestión, Sandra Fernández considera que "o alcalde ten que dar a cara, posto que lle debe unha explicación a todos os veciños e veciñas de Sanxenxo". En concreto, la edil nacionalista recuerda que antes de las elecciones municipales del pasado 26 de mayo, en las que el PP logró una aplastante mayoría absoluta, Martín "tomou a decisión de meter ao Concello nunha loita a través dun recurso que se sabía que non tiña ninguha posibilidade de prosperar. Agora son os cidadáns os que van ter que pagar á familia propietaria da parcela".

La batalla por los terrenos de As Cunchas comenzó en los años 90. Las Normas Subsidiarias definían como zona verde la finca propiedad de los Rocafort y contemplaban la vía de la expropiación para que pasase a ser de disfrute público. Una vez aprobado, ya en 2003, el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) mantenía esta misma calificación, pero adscribiéndola al SU 20 de Canelas. Los dueños presentaron un contencioso-administrativo contra esta decisión.

El proceso se fue dilatando con el paso de los años, ante la imposibilidad de que ambas partes llegasen a un acuerdo. "O silencio do PP demostra que a este grupo de Goberno nunca lle preocupou o interese público, senón o urbanístico, deixando claro que o mellor aliado para mellorar a economía da familia Rocafort é o propio Telmo Martín", concluye Sandra Fernández Agraso, que censura "a prepotencia e a soberbia coa que está a gobernar Sanxenxo".

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