Primero dejó de pagar el alquiler. Después permaneció en la nave a pesar de que, en tiempo y forma, los arrendadores le informaron de que el contrato no iba a ser renovado. Y finalmente, cuando la Justicia dictó su desalojo, destrozó la nave industrial, de unos 1.200 cuadrados y "perfectamente acondicionada para el desarrollo para la actividad de almacén y venta de mobiliario en general, objetos de decoración y electrodomésticos", según detalla en su sentencia la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra. El establecimiento objeto de los daños está ubicado en el término municipal de Meis.
Los hechos parten de un primer contrato de alquiler redactado en 2013 y cuyos términos, por impago, se incumplieron ya ese mismo año. Los propietarios avisaron "un mes antes del vencimiento" que esos impagos causaban la no renovación del acuerdo, pese a lo cual "la arrendataria y su representante legal siguieron haciendo uso del mismo, lo que motivó que la arrendadora presentara demanda". Dicho pleito concluyó con el auto de ejecución del desalojo por parte del Juzgado de Primera Instancia 1 de Cambados (tras superar un recurso en la Audiencia Provincial). "La comisión judicial tuvo que acudir a dar posesión del inmueble a la demandante por falta de cumplimento voluntario (no se habían ido pese a los requerimientos), encontrándose una vez en el interior con el inmueble en un estado deplorable producto de los actos vandálicos realizados por el acusado y personas por él dirigidas".
En concreto, según la sentencia, fueron arrancadas tuberías y desagües en los cuartos de baño, con los falsos techos destrozados y la desaparición de las puertas y de la instalación eléctrica, se dañaron todas las líneas relacionadas con la instalación eléctrica a lo largo y ancho de la nave, se arrancaron muchas de las puertas, así como la tabiquería existente de cartón y yeso, se dañaron las divisiones de pladur, se arrancaron peldaños de las escaleras, se golpeó el portalón de entrada, se picaron las plaquetas del suelo, se inutilizaron las cámaras de vigilancia, y numerosos daños más.
Por todo ello, y tras el reconocimiento de los hechos por parte del acusado, fue condenado a dos años de cárcel que quedan en suspenso si no vuelve a delinquir, y al pago de 342.783 euros más intereses por los daños causados.
