Sentencias judiciales que aún pasan factura a Sanxenxo

En el último lustro, el ente local ha pagado cerca de cinco millones de euros para dar cumplimiento a diferentes resoluciones judiciales relacionadas con el ámbito urbanístico

Calle Luis Rocafort, en Sanxenxo. ADP
photo_camera Calle Luis Rocafort, en Sanxenxo. GONZALO GARCÍA

Las sentencias judiciales continúan pasando factura a las arcas municipales. En apenas un lustro, el Concello de Sanxenxo se ha visto obligado a desembolsar cerca de cinco millones de euros para dar cumplimiento a diferentes resoluciones, todas ellas relacionadas con el ámbito urbanístico.

En principio, la Administración local finalizará el próximo mes de diciembre el abono de una de las cuantías más jugosas. Se trata de los 3,8 millones de euros (más intereses) que el Ayuntamiento comenzó a devolver en 2013 a las promotoras del Suelo Urbanizable número 13, situado en Monte Faro (Noalla). Los 17 pagos fraccionados, a razón de 227.000 euros por trimestre, concluirán cuando expire el presente año.

Sin embargo, el Concello apenas tendrá tiempo de recuparse, ya que será necesario incluir en el Presupuesto de 2018 una partida específica para poder hacer frente a los más de tres millones de euros correspondientes a la expropiación de una finca situada en As Cunchas, en las inmediaciones de la playa de Silgar. Esta cuantía, más intereses, es la que debe abonar el Consistorio a la familia Rocafort, propietaria de la parcela, que en las Normas Subsidiarias anteriores al Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) aparecía definida como zona verde. Este fue, precisamente, uno de los temas estrella del Pleno extraordinario del pasado martes, en el que se aprobó desestimar un recurso presentado por uno de los dueños de la finca contra la aprobación del Presupuesto de 2017, al entender que este no incluye un apartado para comenzar a pagar la expropiación.

Los votos a favor del bipartito y de Roberto Carlos Agís se impusieron a las abstenciones de los concelleiros del BNG. Durante su intervención, el alcalde, Telmo Martín, que mantuvo un tenso debate con el nacionalista David Otero sobre este tema, se comprometió a "realizar actuacións" en la parcela una vez pase a ser de titularidad pública.

MÁS PAGOS TRIMESTRALES. Al igual que sucedió con los promotores de Monte Faro, la hoja de ruta del Ayuntamiento marca un pago trimestral, a partir del próximo año, para saldar el pago establecido por la resolución del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Tal y como consta en un documento elaborado por el departamento de Intervención, el Concello se compromete a asumir el abono de 188.176,71 euros trimestrales. El informe deja claro que la cantidad mínima anual que el Ayuntamiento deberá pagar no podrá ser inferior a 936.339,28 euros. En cambio, sí podrá aumentarla en caso de que lo considere asumible. En principio, la intención del bipartito es que la deuda quede saldada en 2021.

Además, el Gobierno municipal defiende que ya en el Presupuesto del ejercicio presente se incluye la posibilidad de realizar un ingreso inicial de 200.000 euros, argumento que le ha llevado a rechazar el recurso presentado por la familia Rocafort.

OTRAS SENTENCIAS. Estos no son los únicos fallos judiciales que han hecho mella en las arcas municipales a lo largo del último lustro. A estas cantidades hay que sumar, por ejemplo, los 800.000 euros que la Administración municipal tuvo que pagar durante la última etapa de la popular Catalina González al frente del Consistorio a la empresa Ferro Messego. Se trata de la firma que construyó tres chalés en las inmediaciones del cementerio de Dorrón, unos inmuebles que fueron declarados ilegales al incumplir la distancia necesaria con el camposanto parroquial. A esta cantidad hay que sumar 55.000 euros a mayores, pagados en 2015, correspondientes a los gastos de las demoliciones, que se hicieron efectivas en octubre de ese mismo año.

Además, el tripartito denunció en su día que se vio obligado a realizar otra transacción de 100.000 euros a una promotora por la anulación indebida de una licencia otorgada para llevar a cabo una actuación en el barrio de A Revolta, en la parroquia de Noalla. El BNG tiene claro que esta situación "non deixa de ser a resaca das políticas do pasado, que seguirán afectando ao futuro dos veciños", augura el portavoz de los nacionalistas, David Otero.

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