El Supremo baja la pena a uno de los condenados por el narcovelero Nergha

Aunque participó en reparaciones y mantenimiento del barco de la cocaína, el tribunal le considera solo cómplice
La cocaína del Nergha. POLICÍA NACIONAL
photo_camera La cocaína del Nergha. POLICÍA NACIONAL

La singladura del velero Nergha, que efectuó un errático periplo tocando los puertos de Combarro, San Adrián de Cobres y Xufre, entre otros, y que incluyó un SOS en 2019 tras encallar en plenas Rías Baixas, finalizó de forma abrupta cuando, en una operación conjunta de la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera lo interceptaron en el Atlántico con 1,2 toneladas de cocaína en julio de 2020.

Dos años después, a finales de 2022, este periódico daba cuenta de nueve condenados por aquellos hechos, con penas de diez años de prisión para los cabecillas, tras el juicio celebrado en la Audiencia Nacional. Ahora, tras la revisión en el Tribunal Supremo, solo uno de los procesados ha logrado amparo, con una rebaja de pena de un año. Se trata de un vecino de Cambados cuya participación pasa a ser considerada en grado de complicidad, por lo que su condena queda fijada en cuatro años de prisión en lugar de los cinco que le habían sido impuestos por el tribunal de instancia.

En concreto, el TS excluye en su caso el subtipo agravado de pertenencia a organización, aunque mantiene que su participación en los hechos es relevante porque contribuyó "a la reparación y avituallamiento del barco".

El Tribunal Supremo mantiene las penas para el resto de condenados, incluidos los diez años de cárcel a los dos responsables del intento de introducción en las Rías Baixas del alijo de 1.200 kilos de cocaína que fue cargado ante las costas de Surinam e interceptado por autoridades españolas en las inmediaciones de Azores, rumbo a Galicia.

La caída de la droga incluyó en este caso detenciones y registros en tierra, entre ellos las dos personas que lideraban el grupo de narcotransporte, afincadas en el corazón de O Salnés: Ribadumia y Vilanova de Arousa, y registros en dichas localizaciones.

El trabajo conjunto entre Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera resultó crucial para el buen fin de la investigación.