Una segunda sentencia, esta vez del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), ha vuelto a confirmar la orden de demolición decretada sobre la urbanización de 52 chalets adosados construidos en San Vicente do Mar, en O Grove. Las viviendas, situadas en una zona clasificada como suelo no urbanizable de especial protección de costas, fueron edificadas amparándose en una licencia para construir un apartahotel de uso turístico.
El fallo de la sección segunda de la sala de lo contencioso-administrativo del TSXG desestima el recurso interpuesto contra la sentencia dictada en abril de 2017 por el juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra. Los magistrados concluyen en el fallo que el estado actual de la urbanización de Raeiros "conculca la legalidad urbanística" y subrayan que la orden de demolición se erige como la "única medida posible" a disposición de la administración para eliminar la parcelación ilegal.
La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) ordenó en 2010 el derribo y volvió a exigirlo en 2014
El TSXG recalca en el fallo que las obras ejecutadas "no están amparadas" por la licencia obtenida en 1993 para construir un apartahotel, pues resulta "clara" la existencia de los apartamentos "como fincas independientes y de propietarios individuales", en el marco de un complejo inmobiliario privado de naturaleza residencial". "La única alternativa a la pervivencia de esa situación es la de su demolición", consideran los magistrados del alto tribunal gallego, que ven "acreditado" que los compradores de las viviendas eran "conocedores" de sus obligaciones para restituir la legalidad.
En 2007, recuerda el TSXG, la Xunta de Galicia requirió a los dueños del complejo la implantación de uso hotelero en la zona y la disolución de la parcelación mediante la unificación de todas las casas en una sola propiedad, pero ignoraron la orden. Tres años después, en 2010, la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) ordenó el derribo y volvió a exigirlo en 2014.
Al haber incumplido todos los requerimientos y no ajustar la situación de la urbanización a la licencia concedida, el tribunal entiende que la "única forma" de restaurar la legalidad pasa por la demolición, "obligación en la que se subrogan en cada momento quienes sean los titulares de los inmuebles a demoler". La sentencia no es firme y contra ella cabe presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo o ante la sala correspondiente del TSXG.
