La esposa del alcalde de Boborás asume responsabilidad de no pedir licencia para hacer su casa

El regidor está acusado de presuntos delitos de falsedad de documento público y de tráfico de influencias

La esposa del alcalde del municipio ourensano de Boborás, la exedil María del Carmen Cives, asumió este viernes su responsabilidad en la construcción de una vivienda al asegurar que no pidió licencia municipal hasta que le advirtieron de que necesitaba ese permiso.

En su declaración en sede judicial, la esposa del alcalde, Cipriano Caamaño, ha explicado que en el momento de construir la casa en una parcela propiedad del matrimonio no pidió licencia municipal porque "no pensó en ello".

La edificación está a nombre de Cives, que ejerció de edil en ese municipio ourensano gobernado por su esposo desde 1991, ambos del PP. Ella ha asegurado que la decisión la tomó "por iniciativa propia" para lo cual se puso en contacto con un constructor, así como que su marido no tenía conocimiento hasta que la vivienda "ya casi estaba terminada".

Cives ha prestado declaración junto con el redactor jefe del plan de urbanismo, Luis Pérez de Juan, en el Juzgado de O Carballiño, con motivo de la ampliación de la querella presentada el 18 de febrero de 2015 contra el alcalde de Boborás por supuesto tráfico de influencias, falsedad documental y delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo.

La investigación se centra en la supuesta falsificación de la documentación urbanística relativa a una parcela en el núcleo de A Almuzara, donde se habría certificado la existencia en 1999 de una vivienda que fue construida 10 años después.

Preguntado a este respecto, el redactor jefe dijo que su trabajo se limitó a incluir las alegaciones presentadas por dos vecinos en la misma clasificación, un proceso que ha considerado "normal" a fin de evitar "partir" la parcela. Además, afirmó que a ambas personas "se les dio el mismo trato".

La acusación pública sostiene que el alcalde "emitió y firmó" en marzo de 2010 un certificado "falso" en el que se "hace constar" que una vivienda situada en una finca suya y de su esposa "está terminada desde 1999" a fin de permitir de legalizar la parcela en el plan de urbanismo de Boborás, dentro del núcleo tradicional de A Almuzara.

Cives está acusada de falsedad documental y de delito contra la ordenación del territorio, mientras que Pérez de Juan lo está por falsedad en documento.

Por su parte, el regidor se enfrenta a presuntos delitos de falsedad de documento público y de tráfico de influencias, por "inventarse" la existencia de una vivienda que no había para justificar una ampliación del núcleo rural tradicional de A Almuzara para que "quedase incluida en el mismo la parcela del alcalde y su esposa, y legalizar así la vivienda".

La oposición advirtió entonces de que "se manipuló" la planimetría para certificar la existencia de una vivienda construida diez años después.

La denuncia de la oposición y de un vecino provocó la anulación parcial del plan de urbanismo en la zona donde está emplazada su vivienda.

En su declaración ante el juez, el alcalde de Boborás manifestó que tiene "la conciencia tranquila" y atribuyó la supuesta falsedad en documento público a "un error" del técnico municipal de urbanismo a la hora de escribir la certificación a catastro.

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