El abogado de 'Pelopincho' seguirá en la cárcel madrileña de Soto del Real hasta nuevo aviso, como adelantó este periódico a las pocas horas de su arresto en Madrid. Manuel Franco Argibay compareció desde el centro penitenciario de la capital de España, por videoconferencia, ante la Audiencia Provincial de Pontevedra. Luis Uriarte, fiscal Antidroga, se adhirió a la petición de prisión (por el evidente riesgo de fuga que concurre) para el letrado, en un acto judicial que trataba la causa más antigua de cuantas pesan sobre Franco: una estafa cometida en la ciudad del Lérez a principios de siglo. El acusado, con una tupida barba pero con el rostro reconocible (no está, como se pudo pensar en algún momento, desfigurado mediante cirugía) pidió su puesta en libertad, pues considera que los cargos que pesan contra él por el citado delito ya han prescrito. Franco se expone a una condena que, sumados sus delitos, podría superar los 25 años entre rejas.
La causa por la que comenzó a responder anteayer el letrado más famoso de la ciudad subyace de una estafa a dos clientes suyos a los que, según el Ministerio Público, sustrajo más de 700.000 euros. El fiscal pide por estos hechos siete años de cárcel, mientras que la acusación particular eleva la solicitud hasta los 18.
Lavado de dinero
Su implicación en la operación Cormorán, detallada en el escrito de acusación que redactaron en su día el fiscal de delitos económicos, Augusto Santaló, y el entonces fiscal antidroga, Marcelo Azcárraga, tiene que ver con el lavado de unos 15 millones de euros, aproximadamente. Franco, auténtico cerebro de la trama de blanqueo de 'Pelopincho', a ojos del Ministerio Público, empleó a sus propios hijos, a su esposa e incluso a su hermano para efectuar movimientos de cuentas que resultaron sospechosos para los investigadores. En el marco de la operación que desarticuló una de las mayores tramas de lavado de dinero de los últimos tiempos en Galicia, las autoridades le incautaron varios inmuebles, algunos a nombre de su esposa (Natividad Laborde, que resultó absuelta tras el juicio que tuvo lugar hace unos meses en la Audiencia Provincial), otros a nombres de empresas de escasa solvencia. Su valor, más de un millón de euros. Por esta causa, la Fiscalía pide para él seis años más de prisión, a los que se añadirá una multa de unos 15 millones de euros y el decomiso de todas las propiedades que le fueron incautadas en su día.
El tercer proceso judicial que ahora se abre contra él tiene que ver con el delito contra la seguridad del tráfico que supuestamente cometió en Madrid durante la huida que emprendió para dejar atrás a los agentes policiales, que tardaron once kilómetros en darle alcance. Penas de seis meses a cuatro años están recogidas en el Código Penal por esta cuestión.
Por último, habría que añadir el hecho de haberse fugado de la Justicia (con la intención inequívoca de que los procesos contra él acabasen prescribiendo), lo que 'engorda' su condena en al menos un año más, según la legislación vigente. En total, alrededor de 15 años, si se tienen en cuenta las peticiones del Ministerio Público, y más de 25 atendiendo a la acusación particular del delito de estafa.
El juicio más próximo, según trascendió, debería ser el de la estafa, cuya celebración depende de que la Audiencia Provincial encuentre una fecha, pues ya está señalado. Y entre medias, la comparecencia ante el juzgado de Caldas de Reis.
