La Fiscalía Provincial Pontevedra está consiguiendo en los últimos meses importantes logros a la hora de hacer avanzar los procesos judiciales hacia su desenlace. Un claro ejemplo de ello es la prontitud con la que algunas de las causas que, por su gravedad, han alcanzado notoriedad en las historia reciente de la provincia, llegan a la Audiencia Provincial. Este periódico daba cuenta semanas atrás del escrito de acusación contra Zhang Hai Jie, el ciudadano chino acusado de matar a dos compatriotas suyas en abril de 2009 en un piso de Pontevedra, redactado antes de Navidad por el fiscal jefe, Juan Carlos Aladro, y por una acusación particular. La vista oral, por el sistema de jurado popular, podría celebrarse antes del parón judicial del verano.
En fechas recientes trascendía que el juicio contra Jeremías Canda, el vecino de Poio procesado por intentar acabar con la vida de su pareja a martillazos y en presencia de sus hijas tendrá lugar el martes, 2 de julio, en la Sección Cuarta de la Audiencia.
La última novedad tiene que ver con otro de los crímenes que causó gran alarma social entre los ciudadanos: el asesinato a golpes, mediante un objeto contundente, de un vecino de Moraña en el embalse del río Umia. El juicio ha sido señalado para el mes de octubre y, como paso previo, la fiscal del caso, Marta Durántez, solicitará la prórroga de la medida de prisión preventiva para dos de los cuatro acusados (que en junio cumplirán dos años entre rejas): Adrián Ferro y Borja Coucheiro. La vista tendrá lugar a finales del presente mes de mayo en la Audiencia y, tras ella, la Fiscalía espera asegurarse de que los cuatro procesados estén en el centro penitenciario de A Lama hasta principios de otoño, cuando se citará a un jurado popular que valore su posible culpabilidad en los hechos.
Embalse
El asesinato que presuntamente cometieron en el entorno del embalse del río Umia tres vecinos de A Estrada y uno de Cuntis durante el mes de julio de 2010 (y cuya notoriedad, pese a la gravedad de los hechos, quedó ciertamente eclipasada por la desaparición de Sonia Iglesias solo unos días más tarde en Pontevedra) llegará a la Audiencia tres años después de los hechos y solo 18 meses más tarde del arresto e ingreso en prisión de los dos últimos acusados. La fiscal del caso hace en su escrito de acusación un relato estremecedor en el que sostiene que la víctima, el morañés Enrique Monteagudo Caldas, había quedado con uno de los procesados, Adrián Ferro Couto, en las proximidades del citado embalse, en el lugar de A Pontenova. Allí aparecieron, según explica Durántez, los también acusados Héctor Vázquez Liste, Borja Cocheiro Sanjurjo y Jesús Piñeiro Mera. "Una vez todos en dicho lugar, los acusados, guiados por un ánimo común de acabar con la vida de Enrique, de forma sorpresiva y sin que este tuviera oportunidad alguna de defenderse, le propinaron, utilizando un objeto contundente, un fuerte golpe en la región lateral izquierda del cuello". Una vez en el suelo, continúa el escrito, "persitiendo en su ánimo y utilizando también un objeto contundente, le golpearon en cabeza y cara, así como, utilizando un instrumento cortante y afilado, le propinaron diversos cortes en el cuello".
La víctima falleció casi en el acto producto de los brutales golpes en la cabeza, según se extrae de los posteriores análisis forenses.
Los cuatro acusados se enfrentan a una pena de 20 años de prisión para cada uno y al pago de 150.000 euros a la familia del fallecido en concepto de responsabilidad civil.
Chinas
El otro proceso que se zanjará mediante el sistema de tribunal de jurado sentará en el banquillo a Zhang Hai Jie, ciudadano chino acusado de los homicidios de dos compatriotas suyas en una vivienda de la calle Amado Carballo, en Pontevedra. El fiscal jefe, Juan Carlos Aladro, que coordinó el proceso junto al juez Xermán Varela, solicitó a China la extradición de un segundo sospechoso que, según sostienen, cometió el crimen junto al acusado. El país asiático impidió que la Justicia española pudiese actuar contra esa persona, por lo que Aladro decidió sentar en el banquillo al único detenido, que se halla desde hace meses en el centro penitenciario de A Lama de manera preventiva.
El fiscal relata en su escrito que era precisamente esa otra persona quien conocía a las víctimas. Zhang Hai Jie "se desplazó desde Elche a Pontevedra" y en el citado inmueble "procedió a dar muerte por causas que se desconocen a las habitantes del piso, produciéndoles la asfixia mediante estrangulamiento a Kun Yong (una de las víctimas) y las asfixia mecánica por sofocación a Guang Qu mediante la obstrucción de los orificios de respiración con cintas adhesivas de embalaje". Aladro señala que ambas trataron de defenderse pero "dicha defensa fue ampliamente superada y reducida tanto por Zhang Hai Jie como por la otra persona de la que estaba acompañado".
El único detenido se enfrentará a una posible condena a 28 años de prisión por un doble delito de homicidio agravado por el abuso de superioridad del que supuestamente hicieron gala los autores del crimen.
Martillazos
De los procesos citados (salvo que se adelante la vista por el caso de las mujeres chinas), el primero en llegar a juicio será el asesinato en grado de tentativa que supuestamente cometió Jeremías Canda Rodríguez en la tarde del 18 de abril de 2011 (llegará a la Audiencia solo dos años después de los hechos). La fiscal que se encargó de unir las piezas para calificar los hechos fue, igual que en el caso del embalse, Marta Durántez. En su relato, no menos aterrador que el del otro crimen, señala que el presunto autor de los hechos "con ocasión de encontrarse en el domicilio familiar" ubicado en A Porteliña (Poio) "donde también se encontraban su pareja y sus hijas, guiado por el ánimo de acabar con la vida de su pareja cogió un martillo del patio de la cocina, y de forma sorpresiva, mientras la víctima se encontraba agachada cogiendo una prenda de ropa, le propinó (con el martillo) un fuerte golpe en la cabeza".
La víctima logró refugiarse en el piso de enfrente tras recibir un segundo golpe, malherida. El supuesto agresor la persiguió sin poder alcanzarla. Instantes después, señala la calificación, agredió "sin mediar palabra" a un vecino que le preguntó qué estaba ocurriendo allí.
La fiscal pide en este caso una condena a 15 años de cárcel y una indemnización de unos 22.000 euros para su pareja.
