PONTEVEDRA. Los concellos de la provincia necesitan ingresos, hoy más que nunca, para hacer frente al pago de las nóminas de sus trabajadores y a las facturas de sus proveedores. Buena parte de sus presupuestos dependen de la recaudación de las tasas municipales, entre las que se encuentran el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI, popularmente conocido como ‘la contribución’), la recogida de basura y el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), que no todos los contribuyentes pagan por diversos motivos (entre ellos destaca el de los errores en los catastros municipales), pero "casi nunca por mala fe", como reveló ayer Miguel Santiso, gerente del Organismo de Recaudación de las Administraciones Locales (ORAL), ente que se encarga de gestionar el cobro de las tasas de 51 concellos de la provincia.
Santiso relató, en el transcurso de la firma de una póliza de crédito entre la Deputación y el Banco Santander, que tuvo lugar en el Pazo Provincial, las diversas medidas que está poniendo en práctica el ORAL para estrechar el cerco a los insumisos fiscales de los concellos, que están dando sus frutos desde 2007. "Cada año conseguimos aumentar en más de seis millones de euros el importe de la recaudación", destacó.
