El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Pontevedra ha condenado al Concello de Pontevedra a pagar 5,3 millones de euros por la finca para crear el parque del Gafos.
En un auto del 22 de abril, el juzgado establece que el valor real de una parcela usurpada a sus dueños en 2007 para crear el parque de Os Gafos es de 3.278.616,44 euros. A esta cantidad se deberán sumar los intereses y la multa por la ocupación ilegal, lo que elevan la cifra final hasta los 5.294.847 euros que deberá abonar el Concello de Pontevedra.
Esta cifra es cuatro veces mayor de la que estableció el propio Concello en 2012, cuando cifró en 1,3 millones de euros la cantidad a pagar a los propietarios.
En su parte dispositiva, el auto apercibe expresa y personalmente a la Alcaldía del Concello de Pontevedra para que abone esta cantidad a los demandantes, dos hermanos de Ourense. Si no lo hace, el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, podría ser multado con 1.500 euros por cada mes de incumplimiento.
La parcela en cuestión, de 6.156 metros cuadrados, se ubica en la zona de Ponte Bolera y su ocupación ilegal ya fue confirmada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en 2011, lo que obligó al Concello a asumir la indemnización. Contra esa sentencia no cabe recurso.
Pero al no fijar el fallo una cantidad concreta, el gobierno local elaboró su propia valoración, cifrada en 846.000 por el suelo, a lo que había que sumar la multa y los intereses, cantidad que no fue aceptada por los afectados, que acudieron de nuevo a la vía judicial.
Recurso
Este auto judicial ha sido calificado por el concejal de Patrimonio, Vicente García Legísima, como "no insatisfactorio" porque "está próxima a la valoración del Concello " de, aproximadamente, 1.800.000 euros y no a los 11.679.000 euros que demandaban los titulares de la finca.
El edil ha defendido, además, que el problema se deriva de la construcción del paseo, cuando el gobierno municipal puso un terreno en disposición de Augas de Galicia, encargada de las obras, "y Augas de Galicia se extralimitó", asegura García Legísima, al ocupar más extensión de lo previsto inicialmente.
En ese momento, los propietarios del terreno acudieron a la vía judicial, una decisión que ha sido criticada por el representante del Concello , que ha afirmado que "algo no funciona bien en el país cuando estos propietarios en el año 2006 en la aceptación de la herencia valoraron el terreno en algo más de 73.000 euros y en el 2007 en otra escritura en 84.000 euros", mientras ahora solicitan una cantidad que supera los 11 millones de euros.
Aunque el gobierno local seguirá lo que dictaminen los abogados municipales una vez puedan estudiar el auto, la intención, según ha avanzado el concejal de Patrimonio, "sería recurrirlo", al no estar conformes con la cantidad a pagar.
