El fiscal de seguridad vial, Carlos Gil, visitó ayer a su jefe, Juan Carlos Aladro, en la quinta planta del edificio judicial de A Parda. Ambos recibieron a representantes de la Guardia Civil y de las policías locales de todos los puntos de la provincia para tratar dos aspectos de la reciente reforma del Código Penal cuya aplicación aún no está del todo clara: los ‘narcotest’ (controles de drogas) y el comiso de los vehículos por delitos contra la seguridad del tráfico. «El objetivo es unificar criterios ante la última reforma que entró en vigor el 23 de diciembre y que causa algunos desajustes con lo que veníamos realizando antes. Ahora se ha introducido como obligatoria la prueba de saliva, que antes no estaba legalmente establecida, y tengo entendido que muchas policías no tienen los instrumentos necesarios para realizar esa prueba».
Este extremo fue confirmado por Manuel Omil, portavoz de os agentes municipales de Pontevedra, que añadió que «avisaremos al Concello para que se compren los aparatos» que, al parecer, tienen un coste de unos 6.000 euros. Hasta el momento, Gil solo tiene constancia de un Concello que está realizando este tipo de pruebas, el de Vigo.
«Las penas actuales no son solo por conducir con alcohol, sino también por conducir con influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, fármacos, cualquier sustancia que altere las cualidades del individuo. Hasta ahora únicamente teníamos etilómetros para medir el índice de alcohol en sangre, pero con respecto a las drogas la legislación no preveía nada, únicamente que si la Policía intervenía y podía ver que un conductor tenía síntomas de haber consumido drogas, le llevaba a un médico para que le examinase. Ahora los avances técnicos nos han permitido que haya determinados ‘narcotest’, que hay varios en el mercado, que nos pueden decir en el mismo momento si el conductor ha consumido o no. Luego habrá que verificarlo en el laboratorio. La Ley prevé que hay que hacer un test de saliva, y para eso hay que tener una máquina, igual que para el alcohol hace falta un etilómetro», aseguró el fiscal.
Carlos Gil explicó, además, la forma de proceder para demostrar la influencia de este tipo de sustancias en la conducción. «En el alcohol hay tasa, 0,6, pero en drogas aún no hay tasa, por lo que tenemos que demostrar esa influencia. Eso se hace, además de con el ‘narcotest’, a través de los síntomas que aprecian las policías y su influencia en la conducción. Si no se dan esas circunstancias iría por vía administrativa. En teoría tendría que estar ya funcionando desde el día 23 de diciembre», repitió.
El fiscal jefe, Juan Carlos Aladro, dejó entrever que la situación a nivel judicial será similar a la que se daba antes, teniendo que demostrar la influencia de las drogas en cada caso concreto.
Comiso del coche
El segundo aspecto que estuvo ayer sobre la mesa de la Fiscalía tuvo que ver con el comiso del vehículo de las personas que cometan delitos contra la seguridad del tráfico, al amparo de la citada reforma del Código. «Se ha establecido el posible comiso del vehículo en delitos contra la seguridad vial. La Fiscalía aún está esperando instrucciones del fiscal de seguridad vial (nacional) que nos diga cómo, pero ya hay unos criterios establecidos.
Los casos serán, principalmente, aquellos en los que el coche presente una relación criminológica con el conductor, los que están alterados, que se han manipulado los tacógrafos, que se han puesto inhibidores de radar, aparte de otras muchas situaciones de carácter económico, familiar y social, y no hay que olvidar la gravedad del hecho que se pueda cometer y la posible reincidencia o multireincidencia. Todo ello es lo que hay que estudiar y llegar a un criterio respecto al cual se pueda pedir el comiso como una consecuencia accesoria, que decidirá siempre el juez», dijo Gil.
