PONTEVEDRA. En la madrugada del 30 de abril al 1 de mayo de 2010, un individuo de nacionalidad filipina apodado ‘El chino’ campaba a sus anchas por los buques portacontenedores del puerto de Marín. Geoffrey Palomata Ofalla sería condenado tres años después, el pasado verano, a seis años de prisión por un delito de tráfico de sustancias estupefacientes. Este hombre, con la aquiescencia de personal de la instalación portuaria (se desconoce si empleados fijos o personas que efectúan labores a tiempo parcial) llevaba varios meses merodeando por el puerto marinense. Entraba y salía de los mercantes con la excusa de vender tarjetas telefónicas a los tripulantes de las embarcaciones (muchos de ellos de su misma nacionalidad) hasta que, la citada noche, fue interceptado por agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con una mochila repleta de envoltorios de cocaína.
‘El chino’ trabajaba para la organización que lideraba en Galicia el levantino Julio Casino Escriche y que contaba con la colaboración del exguardia civil Dionisio Lago Benavides, alias ‘Dioni’. Todos ellos resultaron condenados. Sin embargo, otras personas, al menos dos, con puestos de trabajo lícitos en el puerto, no pudieron ser identificadas.
Ofalla trabajó, según piensan la Policía y el fiscal Antidroga, para varias organizaciones. Tres años después de los hechos, las fuerzas de seguridad tienen constancia fehaciente de la presencia de individuos (tal vez estibadores, tal vez operarios, quizás empleados relacionados con la seguridad de la infraestructura o de las empresas que se asientan en ella, incluso no descartan a funcionarios) que, trabajando como comisionistas para varias redes de narcotraficantes dedicadas a la introducción de cocaína oculta en contenedores, se mantienen activos en el Puerto de Marín y quizás también (este extremo no pudo ser confirmado al ciento por ciento por este periódico) en el de Vigo.
Procedencia
El puerto de Guayaquil, en Ecuador (curiosamente, de donde procedía la coca incautada en manos de ‘El chino’) y, más recientemente, el de Turbo, en Colombia, están considerados los principales puntos de partida de los contenedores en los que los grupos sudamericanos ocultan la cocaína para enviar al mercado europeo. «Marín es uno de los lugares más conflictivos», señalaron a este periódico fuentes bien informadas. El puerto pontevedrés tiene dos características que hacen de él una vía de entrada relativamente sencilla para las sustancias estupefacientes a través de la técnica conocida como gancho ciego.
un puerto especial. La primera, el hecho de ser uno de los principales destinos de grandes cargamentos de fruta, la mercancía preferida por los narcotransportistas para ocultar la cocaína. Ello es así porque todo su viaje se lleva a cabo en contenedores sin refrigerar, lo que hace que no haya que respetar una cadena de frío y se puedan manipular sin dejar huellas (en el caso de los congelados, la mayor parte de las empresas cuentan con sistemas que controlan a distancia las citadas cadenas de frío, lo que hace que se sepa exactamente cuándo se rompe y se puedan investigar los motivos).
La segunda característica que sitúa al Puerto de Marín entre los más difíciles de controlar por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es su pequeño tamaño (en términos relativos, comparado con los de Valencia o Barcelona, por ejemplo). Ello hace que la presencia de los agentes en las inmediaciones de la infraestructura portuaria sea detectada con rapidez por las citadas personas que trabajan para los narcotransportistas, de manera que las entradas de droga se aborten cuando aprecian algún riesgo, llegando a dejar pasar la cocaína si lo consideran necesario.
En cuanto a la técnica empleada por los traficantes para introducir la cocaína, predomina el citado gancho ciego, con un menor riesgo que los grandes alijos (aunque los narcos siguen intentando introducir partidas de más de 1.000 kilos por canales seguros, además del retorno a la vía del Atlántico mediante pesqueros e incluso veleros). Este modus operandi consiste en la introducción de la cocaína en un contenedor de mercancía lícita (fruta, en el caso de Marín) sin el conocimiento, al menos a priori, de la empresa exportadora ni de la importadora. Una vez en el puerto, las mencionadas personas que trabajan habitualmente para los receptores de la mercancía recogen la droga, en ocasiones con la colaboración de otras.
Otro sistema que se ha visto en Marín pero que no es tan habitual es el que supuestamente empleaba la red de narcos que será juzgada mañana en la Audiencia Provincial en el que miembros del entramado contaban con la cobertura empresarial necesaria para ocultar alijos de mayor volumen (algo similar a lo que hacía el estradense Valentín Temes Coto, recientemente condenado en Argentina).
Otros lugares
Las investigaciones de los agentes en la provincia de Pontevedra se complican a menudo por los condicionantes ya mencionados. Sin embargo, los especialistas contra el crimen organizado consiguen buenos resultados (con una media de tres redes de narcos que opera por Marín desarticuladas cada año) y, en base a sus pesquisas, obtienen datos que les llevan a otras organizaciones delictivas que alijan por puertos de mayor tamaño.
Un ejemplo de ello ocurrió en los últimos días, cuando los agentes del Greco Galicia lograron desarticular una red de narcos que introducía cocaína sudamericana por el puerto de Barcelona (para ello, solicitaron el apoyo de otras unidades policiales). La investigación se inició en Galicia y, a partir de ahí, tiraron del hilo hasta efectuar hasta 58 detenciones en varias fases en lo que se denominó la operación Teldemain. En el último despliegue, en el que se registraron nueve arrestos y se decomisaron 370 kilos de coca, cayeron tres estibadores portuarios. Un aviso a navegantes.
Las ganancias
Entre el 25 y el 30% para el receptor
El único motivo que lleva a personas con puestos de trabajo lícito relacionado de uno u otro modo con el puerto de Marín (y con otros puertos) para caer en la tentación de convertirse en colaboradores del narcotráfico es el ingente beneficio económico que obtienen. Según los parámetros actuales, la organización encargada de recepcionar los alijos en Galicia obtiene entre un 25 o un 30 por ciento en dinero o en cocaína. El ‘personal’ del puerto cobra una parte de ello, casi siempre en efectivo.
Mañana en la Audiencia Provincial
Juzgan a una red internacional con base en Pontevedra
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial acoge mañana un nuevo juicio relacionado con la introducción de cocaína oculta en contenedores de fruta. En este caso, el proceso subyace de un alijo hallado en enero de 2011 tras un mes inspeccionando unos palés. La droga se atribuye a una organización en la que se integraban colombianos y pontevedreses y cuyos cabecillas se reunían en la ciudad del Lérez para cerrar los detalles de los trabajos, según explica el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación.
El despliegue policial, en el que participaron agentes del Equipo Contra la Delincuencia Organizada de la Guardia Civil (EDOA) en colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) y el Greco Galicia, llamó la atención a los vecinos de la urbanización de Monte Porreiro, donde se produjo el arresto de uno de los presuntos cabecillas: José Manuel C.G., vecino de Mourente, fue detenido tras una persecución al más puro estilo hollywoodiense por la principal arteria de la citada urbanización, la calle Alemaña (con varias embestidas incluidas) tras la que agentes de paisano lograron interceptar al sospechoso.
El líder de la organización, según la Fiscalía, era el cambadés Alfredo M.G., que acudía a Pontevedra para encontrarse con el citado vecino de Mourente, con el vigués José Ramón D.R.D.C. y, cuando se acercaba el alijo, con los colombianos Guillermo T. y José Germán D., que venían a la ciudad para supervisar que todo marchaba bien.
El Ministerio Público entiende que era José Manuel G.C. quien contaba con los contactos en los puertos de la provincia (esas personas anteriormente descritas) para facilitar la introducción de los contenedores con droga. El alijo incautado llegó a Vigo, pero la red también pretendía introducir cocaína por Marín.
Por los hechos, el fiscal provincial Antidroga, Luis Uriarte, pide para los cinco procesados penas que suman 86 años de prisión, desglosados en 20 para el cambadés (doce por narcotráfico, seis por liderar la organización y dos más por tenencia ilícita de armas) y 16 para cada uno de los otros, todos ellos por narcotráfico.
