PONTEVEDRA. Lejos de mantenerse al margen, el Gobierno local ha decidido presentar de motu propio una batería de alegaciones y sugestiones al plan de evaluación ambiental estratégica que ha iniciado la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas de cara a la aprobación del plan de ampliación del Puerto de Marín.
Una de ellas recrimina, precisamente, que la Xunta no haya consultado la opinión del Concello, tal y como exige la ley que regula los efectos de determinados planes relacionados con el medio ambiente. «Porque, aínda que non houbo ningunha comunicación por parte da Consellería, somos unha Administración pública afectada, », subrayó ayer mismo el portavoz del Gobierno local, Raimundo González.
En la opinión de los técnicos municipales esta omisión supone una infracción en el procedimiento de tramitación ambiental, pero lo cierto es que es una cuestión menor en comparación con las advertencias que han remitido distintos funcionarios municipales a San Caetano.
Entre ellas, destacan las que ha firmado la Enxeñería Técnica del Área de Medio Ambiente Natural, encargada de indicar los efectos colaterales que se han quedado en el tintero. Según este departamento, los dragados proyectados para ampliar el recinto portuario podrían liberar metales pesados y otros tóxicos en la ría, que pueden contaminar las augas y llegar a la cadena alimentaria, «canto máis se temos en conta o cercano banco marisqueiro de Praceres», subraya la Enxeñería.
