PONTEVEDRA. El pleno de la corporación municipal de Pontevedra ha aprobado este lunes, con el voto en contra del Partido Popular, la nueva regulación para la instalación de crematorios en el municipio, que las limita a suelo rústico, cementerios y en suelo industrial reservado para industrias contaminantes, previa aprobación de un plan para estas infraestructuras y siempre guardando una distancia mínima de 50 metros.
El grupo de gobierno, BNG-PSOE, acordó la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana para regular estas instalaciones en el municipio.
Para el concejal de urbanismo, el socialista Antón Louro, esta propuesta, redactada por los técnicos municipales, "respeta el interés general del ayuntamiento, de los vecinos afectados y de las empresas, al fijarse unas reglas de juego imparciales y respetuosas con la legislación vigente".
Louro se mostró, además, convencido de que esta medida reduce a la "mínima expresión" el "impacto social" que generó esta problemática, en referencia a la alarma suscitada entre los vecinos de algunas zonas de la ciudad donde se pretende la instalación de crematorios.
Por su parte, el grupo municipal del PP votó en contra de la medida al no aceptar que la franja de protección a las viviendas se redujese de 500 a 50 metros. "Incumple sin rubor el acuerdo plenario y también lo pactado con los afectados", insistió el portavoz popular, Ricardo Aguilar.
Actualización de tasas
En este mismo pleno se aprobó la propuesta del gobierno municipal para actualizar una decena de tasas, entre ellas agua, basura, saneamiento, extinción de incendios o veladores. Subirán un 1,8%, que se corresponde con la subida del IPC entre julio de 2012 y el mismo mes de 2013. Así lo determinaron los votos a favor de BNG y PSdeG-PSOE. Los populares votaron en contra y acusaron al gobierno municipal de "afán recaudatorio".
Se trata, insistió el concejal de Hacienda, de un incremento "ridículo", especialmente comparado con el aumento del 33,5% del canon de Sogama a los municipios, que supondrá, según sus números, una subida de un 20% en los recibos a los ciudadanos, o de la subida del 11% en las tasas de Príncipe Felipe, aprobada por la Diputación el pasado viernes. A pesar de este aumento, dijo, Pontevedra sigue siendo una de las ciudades españolas con menor carga impositiva.
Finalmente, el pleno reclamó, con la abstención de los populares, que la Xunta de Galicia asuma la Unidad Asistencial de Drogodependencias.
