El Concello de Pontevedra abonará parte de la paga extra de diciembre que el Gobierno central suprimió en 2012 a toda su plantilla: 478 personas. Lo hará en previsión de una sentencia favorable al conflicto colectivo presentado por el personal laboral, que reclama el pago de los 44 días devengados entre el 1 de junio y el 14 de julio, día en el que entró en vigor el decreto que eliminó la paga de Navidad a los trabajadores públicos de todo el país.
La vista oral del caso tendrá lugar mañana jueves en los juzgados de lo Social de Pontevedra, situados en la Audiencia Provincial. Los 43 empleados reclaman cantidades que equivaldrían al 25 por ciento de una nómina.
La previsión de una sentencia favorable a los intereses de este grupo de trabajadores (existen ya precedentes) hará que el Gobierno local también abone la parte proporcional de la extra a sus 435 funcionarios. De esta forma se evitará que la reclamación de estos últimos llegue a los tribunales, tal y como había planteado UGT, que la semana pasada dio los primeros pasos administrativos ante el Gobierno local para judicializar este asunto.
El nuevo escenario obligará al Concello a desembolsar unos 245.000 euros de los 983.000 euros que en su día mantuvo como crédito no disponible para cumplir con los requisitos exigidos entonces por el Gobierno central.
La previsión pago por parte del Concello, que deberá contar con el informe positivo de los servicios jurídicos municipales, coincidirá con el abono de una paga de productividad en noviembre de 2012. Esta se realizó como compensación por la supresión de la extra de Navidad y provocó un recurso de la Abogacía del Estado, que denunció que este proceso incurrió en un «fraude de ley».
La posición del letrado estatal ha quedado en entredicho tras la reciente sentencia que avala las horas extra que el Gobierno local a la mayor parte de su plantilla a finales de 2012. Sobre el fallo cabe recurso de apelación, un escenario que actualmente analiza la Administración General del Estado.
