El Concello se subleva contra una nueva subida de la contribución

PONTEVEDRA. Lejos de izar el pañuelo blanco de la rendición, el Concello está dispuesto a abanderar una nueva sublevación en contra de los recortes y medidas de presión fiscal que está poniendo en marcha el Gobierno central para contentar a Bruselas. Si hace unos meses desafió a la cúpula dirigente del país abonando a sus funcionarios un complemento de productividad para burlar la supresión de la extra de Navidad, ahora anuncia un alzamiento en contra de la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), una medida que baraja la Administración central y que podría significar un incremento de entre el 40% y el 60% en el mencionado tributo.

La propuesta está incluida en el decreto estatal que acaba de salir a la luz y que también incluye subidas considerables para el tabaco y el alcohol. De cara a la galería, el texto se presenta como una proposición "aparentemente inocua", sin embargo, el edil de Facenda, Raimundo González, ha leído entre líneas y asegura que podría originar efectos nefastos para las economías endebles, medias e incluso consolidadas.

Según alertó hoy, la intención del Gobierno de Mariano Rajoy es facultar a los ayuntamientos para actualizar el impuesto en base a varios coeficientes que, a la fuerza, significarían "un incremento brutal". Una de estas variables es el precio de la vivienda. El estallido de la burbuja inmobiliaria ha reducido el valor de compra y de venta, pero en el caso de Pontevedra no podría contrapesar la correción al alza. Los importes de referencia con los que trabaja el Concello son de principios de siglo, por lo que la comparación de los índices del mercado inmobiliario de entonces con los actuales se saldaría igualmente con una subida. Concretamente, "cun incremento do 61%".

Otro coeficiente es el IPC y, de nuevo, los contribuyentes saldrían perdiendo: "Significaría unha suba dun 40%", añadió el edil.

Requisitos

De entrada, Pontevedra cumple los requisitos para acogerse al decreto, sobre todo el primero y más importante: tener un Catastro con más de cinco años de antigüedad (el que está en vigor fue actualizado por última vez en el año 2000). No obstante, antes incluso de que le inviten a participar, el Concello capitalino ya avanza que no contribuirá con la causa.

"Parécenos unha medida fóra de lugar para unha situación como a actual. Non ten en conta a capacidade económica das persoas, polo que nos posicionamos radicalmente en contra. O Concello non se vai a acoller a esa medida", argumentó el nacionalista.

Su rechazo se extiende a la decisión del Gobierno central de prorrogar el incremento del 10% aprobado para el mismo impuesto hasta el año 2016. Sin embargo, en este caso no habrá escapatoria posible. El Concello deberá mantener en ese intervalo de tiempo el impuesto gravado. Este es en la actualidad un 13% más caro que hace dos años, pues a la subida del 10% ordenada desde Ferraz hay que añadir el incremento del 3% que decretó el Gobierno local a principios de 2012 para varias tasas municipales.

A partir de 2016, la intención es la de volver al porcentaje vigente en 2011, aunque lo cierto es que el contexto económico pone dicho compromiso en tela de juicio.

En cualquier caso, el Concello descarta revisar los valores del Catastro en un plazo breve de tiempo, esos que, precisamente, derivaron en la subida del 10% por no estar actualizados. "Non tempos pensado facelo, porque tamén suporía un incremento. Nós estamos no 0,63% e o mínimo actual é do 0,5%, polo que é moi improbable que unha revisión acabara reducindo ese valor", concluyó González.

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