PONTEVEDRA. El culebrón de los crematorios resurgirá de sus cenizas en las próximas semanas con novedades que prometen relanzar las quejas de tres de las cuatro empresas afectadas.
La Concellería de Urbanismo prevé aprobar en Pleno la modificación del PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) decretada para regular el asentamiento de hornos, un trámite que volverá a suspender las licencias durante un plazo aproximado de un año (hasta que la aprobación se eleve de inicial a definitiva).
La intención del responsable del área, Antón Louro, es llevar la aprobación a la próxima sesión plenaria del día 30, pero todo dependerá de la fecha en la que los técnicos municipales entreguen los informes que han realizado sobre el proyecto elaborado por el arquitecto municipal.
La segunda opción es la sesión plenaria de octubre y, aún así, el trámite llegaría a tiempo, ya que la suspensión cautelar de las licencias no expira hasta finales de diciembre.
La suspensión afectará a las calificaciones de terreno en las que se prevé prohibir la actividad de los crematorios, es decir, suelo urbano, núcleo rural y suelo urbanizable. Así, volverán a quedar en fuera de juego los complejos mortuorios proyectados en la calle Arcebispo Malvar (promovido por Alianza y Barros y Pompas Fúnebres), en la subida a Montecelo (Servicios Funerarios Rías Baixas) y en el actual tanatorio de San Amaro (Servicios Funerarios San Marcos).
El único proyecto que se podrá librar de la suspensión es el tanatorio-crematorio que prevé construir Funespaña detrás del cementerio de San Amaro. En este caso el tipo de suelo es rústico, uno de los pocos aceptados en la modificación del Plan en marcha, junto a los camposantos y polígonos industriales.
Sus responsables se han comprometido a cumplimentar los trámites necesarios tan pronto como la maquinaria municipal lo permita, por lo que podría obtener licencia en cuestión de meses.
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