«La Dirección General de Costas asumirá como determinante el informe de la Xunta -sobre Ence- una vez redactado». Así lo expresó hoy el director general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar del Ministerio de Medio Ambiente, Pablo Saavedra, en una visita a Vilagarcía.
El titular del departamento estatal que decidirá sobre el futuro de la pastera en la ría explicó que el Estado no puede hacer dejación de sus competencias en materia de protección de dominio público, «pero tiene que tener en cuenta la opinión ambiental del órgano con competencias ambientales, y así es como resulta ese informe, que es determinante».
En este sentido destacó que el Estado, «si se quiere separar del informe da la Xunta, que lo puede hacer, tendrá que motivar las razones y esas razones serán basadas en la protección del dominio público marítimo-terrestre, porque ese es el ámbito de sus competencias».
Por el momento, sin embargo, la redacción del informe autonómico está pendiente del desarrollo de la nueva Ley de Costas, que ya ha superado la fase de alegaciones, aunque se desconoce la fecha de su aprobación. El Ministerio, de hecho, había concedido a la Xunta una moratoria para realizar el documento hasta que la nueva ley estuviese totalmente finalizada.
Según Saavedra, la nueva norma se ha sometido a la información pública correspondiente, «que ha recibido miles de alegaciones», y también a la participación de los diferentes sectores y de los órganos ambientales implicados de todos los ministerios. «El objetivo que nosotros tenemos es sacarlo cuanto antes, también es cierto que es una reforma que requiere mucho mimo, mucho cuidado, pero creo que estamos en la recta final», indicó.
Subrayó que la última palabra sobre el desarrollo de la ley la tiene el Consejo de Estado, donde se prevé que llegue este mes para ser sometida a su dictamen. «Precisamente porque la norma es compleja, nosotros no podemos estimar siquiera el plazo. Dependerá del Consejo de Estado. A lo largo del verano esperamos contar ya con este reglamento».
Máximo de 60 años
El reglamento de desarrollo de la normativa establece por ahora un tope de 50 años para la prórroga solicitada por la pastera e incluso autoriza a la Xunta de Galicia a proponer un plazo inferior. La Ley de Costas ofrece la opción de acceder a una moratoria extra de diez años más si la empresa se compromete a ejecutar ciertos proyectos para mejorar la eficiencia energética, ahorrar en el consumo de agua u optimizar la calidad ambiental, actuaciones todas ellas que ya han sido ejecutadas por la pastera y que podrían tener continuidad en el futuro. El reglamento de la Ley de Costas confirma que la Xunta de Galicia debe emitir un informe sobre los efectos que tiene la concesión en el medio ambiente y, casi con toda probabilidad, un listado con las condiciones que debe cumplir la pastera para «garantizar una adecuada protección del medio ambiente».
Saavedra asegura que la reforma de la Ley de Costas «requiere mucho mimo y cuidado, pero creo que estamos en la recta final»
