A Fiscalía cambió en la tercera y última sesión del juicio contra lo abogado pontevedrés Manuel Franco Argibay la calificación inicial de delito de estafa por el de apropiación indebida, por lo que pide una pena de 14 años de prisión, al considerar "suficientemente demostrado" que el acusado era "consciente de su intención de apoderarse y obtener los bienes" de los denunciantes.
En la sesión de este jueves comparecieron ante el tribunal inspectores, taxadores y peritos, renunciando las partes a la comparecencia de siete testigos, al considerar que estaban suficientemente acreditadas las estrategias de cada una de las partes.
Así, el inspector de la Agencia Tributaria que declaró concluyó que Franco Argibay creó una entramado de sociedades que "de pronto" contaban en su patrimonio con bienes inmobiliarios "que dentro de un instante dado desaparecían sin generar beneficios".
Á luz de este informe al ministerio fiscal, destacó que Franco Argibay poseía empresas "en un número sorprendente", un total de diez sociedades directamente vinculadas con esta causa "sin contar con algunas más que aparecieron en el curso del juicio", señaló la Fiscalía. "Empresas que aparecen y desaparecen, a beneficio de inventario," apostilló el fiscal.
También testificaron varias personas que en algún momento tuvieron relación profesional con alguna de las empresas de Franco Argibay y que firmaron ante notario como testigos de distintas compraventas de inmuebles sin tener un conocimiento claro del negocio en el que estaban participando, segundo manifestaron.
BLANQUEO
Por su parte, el abogado de la defensa, Manuel Romay, trató de vincular estas operaciones mercantiles con el blanqueo de capitales procedentes de la droga, un delito ya juzgado en el marco de la 'Operación Cormorán'. No obstante el presidente del tribunal, Antonio Berengua, no aceptó esa línea de interrogatorio por parte del abogado de Franco Argibay.
Con todo, en sus conclusiones el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, consideró que estaba "suficientemente demostrado" que el acusado era "consciente de su intención de apoderarse y obtener los bienes" de los denunciantes.
Y para eso, según el alegato del fiscal, se valió de la relación de confianza que establecía como asesor de sus clientes que acudían a él "atraídos por ser un hombre conocido, con gran huella, como demostró durante esta vista, y una grande personalidad, casi pasmosa", afirmó.
En su exposición, indicó que convenció a los denunciantes para que pusieran a su nombre diferentes propiedades, como mecanismo para lograr diferentes propósitos como desalojar un inquilino molesto, o pagar menos impuestos. El problema es que estos bienes, según la acusación, nunca fueron devueltos a sus legítimos propietarios. La acusación particular añadió al delito de estafa lo de falsedad en documento personal.
