El fiscal quema su último cartucho y pide que se someta a Julio Araújo a la P-300

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La búsqueda del cuerpo de Pilar Cebrián, desaparecida en el municipio aragonés de Ricla en abril de 2012, fue argumento suficiente para que el juez ordenase la práctica de la prueba P-300, el nuevo test de la verdad, a su marido, Antonio Losilla, acusado de su asesinato. La prueba, conocida como método potencial de evocación cognitiva, consiste en un análisis neurofisiológico de las respuestas sensoriales e internas, captadas mediante electrodos, que da el cerebro a diferentes estímulos. En las causas penales se emplean imágenes (también pueden ser sonidos) y, aunque en España apenas se ha experimentado con el citado caso de Ricla y con el archiconocido caso de Marta del Castillo, se trata de un test asentado desde hace años en países como Estados Unidos y Japón.

El fiscal jefe provincial, Juan Carlos Aladro, llevaba algunos meses con la idea de plantear esta prueba en su cabeza. Era consciente de la dificultad que entraña no solo su desarrollo, sino el mero hecho de que sea admitida, dada la escasez jurisprudencial sobre ella. Sin embargo, siempre fue su último cartucho y, cuando en pleno verano conoció que la magistrada optaba por el archivo provisional de la investigación de la desaparición de Sonia Iglesias, abrió su cajón y puso sobre la mesa la solicitud de la P-300.

Julio Araújo, expareja de Sonia Iglesias, sigue siendo para la Policía y para el Ministerio Público el sospechoso número 1 de la desaparición de la dependienta de Massimo Dutti pese a la falta de pruebas. Es por ello que ahora, con la intención de revocar el sobreseimiento provisional de la causa y quién sabe si de obtener algún dato que lleve a los investigadores a dar con el cuerpo de Sonia, solicita formalmente la citada diligencia.

Para llevar adelante la prueba, Araújo debería utilizar un casco provisto de una serie de electrodos. A continuación tendría que concentrarse en una pantalla donde aparecerían ciertas imágenes, palabras o sonidos (en este caso serían imágenes relacionadas con posibles lugares en los que estaría el cuerpo de Sonia). Las señales recogidas por los electrodos son amplificadas y presentadas en un monitor.

La prueba no va a arrojar certeza absoluta (e incluso aunque así fuera, si el cadáver fue arrojado, por ejemplo, a un río, no habría garantías de localizarlo), pero podría dar pistas para retomar la búsqueda y para descartar dónde no hacerlo.

El empleo de la P-300 en España parte de las investigaciones del doctor José Ramón Valdizán, que la empleaba para el diagnóstico del autismo y el déficit de atención. A fin de cuentas, no es más que la medición de la reacción del cerebro ante fotos. Su creador, el norteamericano Lawrence Farwell, opina que tiene un 90 por ciento de fiabilidad, si bien otros investigadores rebajan ese grado al 80, al 70 e incluso al 50 por ciento.

Expertos juristas no coinciden en lo que se refiere a la legalidad de la prueba. Algunas voces aseguran que vulnera el derecho a no declarar contra uno mismo o el derecho a la intimidad, dado que se trata de automatismos cerebrales imposibles de controlar (de ahí que la P-300 haya desbancado al polígrafo en Estados Unidos). Tales supuestas vulneraciones son más que dudosas. En tal caso, también lo serían otras diligencias aceptadas, como las pruebas de ADN e incluso las tradicionales huellas dactilares.

Juan Carlos Aladro: «La P-300 no vulnera ningún derecho»

La Fiscalía Provincial y su jefe, Juan Carlos Aladro, entienden que la práctica de la prueba P-300 que pretende le sea realizada a Julio Araújo «no vulnera ningún derecho», aunque advierte que debe ser realizada o bien con el consentimiento del sospechoso «o forzada por el tribunal mediante un auto».

La jueza instructora tiene sobre su mesa el recurso elaborado por la Fiscalía, que incluye la petición de la citada prueba neurofisiológica. En cuestión de semanas deberá tomar una decisión.

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