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El futuro de Ence, entre interrogantes hasta el mes de septiembre

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El devenir de Ence permanecerá entre interrogantes hasta el próximo mes de septiembre. El tiempo de espera incluso podría ser mayor, en función de la agilidad con la que despachen el asunto las dos administraciones implicadas: el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas de la Xunta de Galicia.

El departamento estatal ha aceptado retrasar el infome autonómico sobre la prórroga solicitada por Ence para ampliar su estadía en la ría, un documento que aparentemente será «determinante» y que podría marcar ciertas pautas a seguir por la pastera. Aparentemente, porque el Gobierno central podrá desoírlo si alega razones de interés general, algo que es difícil de delimitar y que podría desembocar en la permanencia de la pastera en Lourizán pese al posicionamiento en contra de la Administración autonómica.

La decisión ha interrumpido y suspendido hasta nuevo aviso el plazo de tres meses que concedieron en La Moncloa el pasado mes de diciembre para escuchar el posicionamiento de la Xunta. El Ministerio ha admitido las advertencias de la Consellería y ha pospuesto el informe hasta la aprobación y entrada en vigor del reglamento de la nueva Ley de Costas, que acaba de entrar en la fase de información al público.

Los responsables del departamento estatal calculan que la normativa estará lista en junio, una vez superadas las alegaciones y la aprobación definitiva. A partir de ese momento, el Ministerio estará en disposición de solicitar nuevamente el informe a la comunidad autónoma y de poner en marcha la cuenta atrás definitiva.

Si todo transcurre sin imprevistos y el proceso es ágil, el requerimiento del documento podría tener lugar a finales de junio y el dossier autonómico podría viajar de Santiago a Madrid en septiembre. Cualquier obstáculo (las vacaciones de verano podrían cuadrar en mitad del proceso) retrasará el calendario, si bien ambas partes confían en arrojar luz sobre el asunto lo antes posible.

Incógnita

La verdadera incógnita es el contenido del informe autonómico. La Xunta insiste en que hará uso de su poder para que Ence no permanezca en Lourizán más allá de 2018, cuando finaliza la concesión. Sin embargo, la Consellería empieza a manejar la hipótesis de una aprobación de la prórroga y ya reclama información sobre las medidas que estaría dispuesta a ejecutar la fábrica de celulosas para compensar su estadía en la ría. Ayer mismo, responsables del departamento autonómico insistieron en la necesidad de conocer «o alcance, contido e demais aspectos da solicitude de ampliación».

Por otro lado, varios dirigentes del Gobierno gallego subrayaron que el informe no solo abordará aspectos ambientales, sino también otros factores «que deben ser tidos en conta», manifestó el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el pasado 6 de diciembre. No obstante, el Ministerio tan solo reclama documentación de carácter medioambiental y, hasta la fecha, la pastera ha superado todos los exámenes de esta naturaleza.

Si el reglamento se mantiene intacto y no hay alegaciones que modifiquen sus directrices, la Consellería únicamente deberá pronunciarse sobre los efectos de la prórroga en el medio ambiente y «las condiciones que debe contemplar la concesión para garantizar una adecuada protección del medio ambiente», reza la Ley de Costas.

El único margen de actuación que le concede la normativa es para establecer los plazos de la prórroga, de hecho, la Xunta podrá proponer un plazo inferior al máximo legal, que en el caso de Ence es de 50 años ampliables por otros diez (en el supuesto de que ejecute inversiones para mejorar el medio ambiente). A este intervalo podrá añadir prórrogas sucesivas, pero el tiempo nunca podrá ser inferior a la mitad del plazo aplicable, por lo que la duración mínima será de 25 años. Lo que no aclara el reglamento, en fase de exposición, es si dichas propuestas son vinculantes, lo que obliga a esperar a la resolución del expediente.

Nueva fecha límite

La empresa reclamó la moratoria máxima que contempla la nueva Ley de Costas, de 75 años. Lo hizo el pasado 8 de noviembre, cuando todavía estaba en fase de elaboración el reglamento de desarrollo de la Ley, por lo que otro de los asuntos que deberá dilucidar el Ministerio es si la solicitud se mantiene o debe ser objeto de una modificación con arreglo a los nuevos plazos de la normativa. Esta reserva las prórrogas máximas para viviendas y actuaciones ambientales, pero no así para «actividades de explotación económica» como la que desarrolla la fábrica de celulosas en Lourizán.

Con el nuevo planing y dando por hecho que la pastera se acoja a la prórroga de 50 años y a la moratoria de diez, la concesión caducaría en noviembre de 2073. Todo ello, partiendo de la base de que la prórroga comience a contar a partir de la solicitud, tal y como refleja hasta ahora el reglamento de la Ley de Costas.

Actualmente, la fábrica disfruta de la concesión otorgada en su día a la Empresa Nacional de Celulosa, privatizada en el año 2001. Su fecha de caducidad está fijada para el año 2018.

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