PONTEVEDRA. La Cámara de Comercio de Pontevedra mantiene abiertos dos frentes paralelos que podrían poner en entredicho la institución: uno judicial y otro fiscal. El primero de ellos apunta directamente contra la secretaria general de la entidad cameral, Charo Lorenzo. El Juzgado de Instrucción número uno de Pontevedra tomará declaración a la directiva, con toda probabilidad, el próximo 10 de octubre. La Fiscalía ha imputado a Lorenzo por un delito de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos por irregularidades económicas con un proveedor de la Cámara a través de la cuenta bancaria de este último. Aunque la investigación continúa y podría ampliarse a otros hechos delictivos, Lorenzo se enfrenta ‘a priori’ a condenas de inhabilitación o suspensión de cargo público y a una pena de prisión de entre seis meses y dos años.
El segundo frente al que se enfrenta la institución cameral es la auditoría que el Consello Galego de Contas realizará este año a las nueve cámaras de comercio gallegas. Los trabajos de fiscalización, que se iniciaron el pasado lunes en la sede pontevedresa, han finalizado en otras entidades gallegas como las de Ourense, Ferrol y Vilagarcía. El presidente cameral, Antonio Gómez Rivera, y la secretaria general, Charo Lorenzo, son los interlocutores entre el Consello Galego de Contas y la institución ubicada en los Jardines Vicenti.
