PONTEVEDRA. El grupo ' popular' pontevedrés denuncia que el Concello de Pontevedra no solicitó a la Consellería de Medio Ambiente que había incluido un ramal ata la Estación de Autobuses en el proyecto de desdoblamiento de la avenida de Vigo, una actuación que financia el Ministerio de Fomento, que ejecuta la Administración que dirige Miguel Anxo Fernández Lores y que a estas alturas "ya tenía que estar avanzada".
El PP explica que días atrás, el concelleiro César Mosquera intentó descargar cualquier responsabilidad sobre lo retraso en esta obra informando sobre un supuesto atasco derivado de la pretensión municipal de que se había hecho el dicho ramal, una aspiración sobre la que el Ayuntamiento ya se había cansado de esperar una respuesta por parte de la Xunta. Jacobo Moreira se interesó entonces por el requerimiento que en teoría se habría enviado a Santiago, con la intención de conocerlo y contribuir dentro de lo posible a la agilización de su tramitación. Pero transcurrido el doble del plazo legal para que contestar al Concello, el portavoz del PP, Jacobo Moreira, asegura que segue sin recibir respuesta, por lo que da por hecho que, en realidad, nunca existió ese requerimiento y el anuncio de Mosquera Lorenzo fue una artimaña más para justificar otro claro ejemplo de dejadez municipal.
En este sentido, Moreira recuerda que, dado que es el Ministerio de Fomento quien puso los 7 millones que cuesta esta actuación, el Concello debe justificar las anualidades previstas y para el pasado 15 de noviembre tenía establecida la certificación de obra nada menos que por 2,1 millones de euros, sin que ni siquiera se habían iniciado aún los trabajos.
Otra opción que baraja el concelleiro popular para explicar esta nueva muestra de la "tendencia del BNG a huir de sus responsabilidades en el Concello de Pontevedra", radica en una hipotética afición del pretendido ramal ata la Estación de Autobuses al río de los Gafos. El proyecto de desdoblamiento de la avenida de Vigo no tiene incidentes ambientales importantes, pero ese acceso sí podría implicarlas y resultaría mucho más cómodo poder señalar a la Xunta de Galicia cómo responsable ante cualquier duda, queja o alegato ecologista.
