O Partido Popular solicitará el lunes a la corporación municipal que acuerde la adhesión de Pontevedra al convenio para la creación de un Fondo Social de Viviendas firmado el pasado enero entre la Administración Central, distintas instituciones y más de treinta entidades bancarias para facilitar alojamiento en régimen de alquiler a familias desahuciadas en riesgo de exclusión.
La moción del PP matiza que en la relación publicada con fecha 29 de mayo figuran varias viviendas ubicadas en el municipio pontevedrés entre las incluidas en este proceso, pero que el Ayuntamiento segue sin sumarse al mismo, impidiendo de este modo la ocupación de las mismas.
El portavoz popular, Jacobo Moreira, que es quien firma la iniciativa, recuerda que una de las consecuencias más duras de la actual situación de crisis económica es la proliferación de procedimientos de desahucio derivados de la falta de pago de los alquileres y de las cuotas de los préstamelos hipotecarios.
A continuación, el concelleiro relaciona algunas de las medidas adoptadas en Galicia para paliar los efectos de estas situaciones, como la inclusión en la Ley de Vivienda de distintas cuestiones, la promulgación de un decreto urgente de carácter social en esta materia, la posta en marcha de un programa de alojamiento para afectados con una oferta inicial de 500 viviendas, y muy recién el acuerdo conseguido entre Xunta, Fegamp y CGPJ para disponer de datos completos de los procesos de ejecución hipotecaria para informar a los ayuntamientos y adoptar las acciones que se consideren pertinentes.
Finalmente, Moreira se refiere al convenio firmado en enero entre los ministerio de Fomento y Economía, la FEMP, el Banco de España, las patronales bancarias, la Plataforma del Tercer Sector y numerosas entidades crediticias sobre dicho Fondo Social de Viviendas. En virtud de esta iniciativa se dispone de inmuebles propiedad de las corporaciones financieras para facilitar alojamiento a personas desalojadas de su domicilio habitual y en las que concurran circunstancias de especial vulnerabilidad. Las viviendas se ponen su disposición con rentas entre 150 y 400 € al mes, con un límite máximo del 30% de los ingresos totales de la unidad familiar y con los gastos a cuenta del titular.
A la hora de evaluar si el solicitante concurre en riesgo de exclusión social, deberá solicitarse el correspondiente informe a los servicios sociales del Concello, siempre y cuando esté adherido al convenio.
