El precinto de las instalaciones del matadero decretado hace tres días por la Consellería de Sanidade responde a una batería de deficiencias que ya han sido comunicadas a la gerencia de la empresa concesionaria, Carnifex S.L.
Los inspectores de la Xunta han recogido todos los defectos en un riguroso informe, en el que dan cuenta de un buen número de incumplimientos de la normativa vigente. Los responsables de la Jefatura Territorial de la Consellería no pueden detallar los motivos por cuestiones de confidencialidad, pero sí informan de que el matadero quebranta obligaciones «operativas, estructurales, higiénicas y de diseño».
La empresa deberá poner solución a todas ellas para reanudar la actividad en el complejo de Touceda (Alba), donde las cámaras frigoríficas seguían ayer cerradas. Sanidade se muestra impasible y asegura que, con independencia de la intención de la empresa de reclamar daños y prejuicios, el precinto debe permanecer intacto hasta que se corrijan todas las deficiencias. «Nuestro deber es velar por la seguridad de la población», subrayan las mismas fuentes.
El informe técnico que dio lugar al precinto fue redactado con posterioridad a una auditoría ordenada por Sanidade para revisar el estado de la nave. Dicha revisión fue comunicada a los responsables del matadero en febrero, dos meses antes de que el Concello hiciera oficial la subrogación de la concesión a Carnifex S.L. La anterior adjudicataria, Explotación Matadero de Pontevedra, entró en concurso de acreedores en julio de 2010 y se declaró en quiebra.
El canon
El convenio de explotación privada del matadero se formalizó en enero de 2006 con la firma del concejal de Economía e Facenda, Raimundo González Carballo, y el apoderado de Explotación Matadero Pontevedra S.L., Juan José Iglesias Fernández. Se da la circunstancia de que este último es el administrador de la actual concesionaria de la instalación, que fue constituida en febrero de 2011, justo después de que la anterior adjudicataria suspendiera pagos.
El contrato que el Concello mantiene con Carnifex tiene una duración de 25 años, hasta 2031, y no puede ser prorrogado. El acuerdo autoriza a la firma pontevedresa al sacrificio y distribución de ganado bovino, porcino, equino y ovino.
La compañía debe pagar un canon de 10.800 euros al año por la explotación del servicio a la hacienda local y entre sus obligaciones figura el mantenimiento y conservación del inmueble de Touceda.
Los precedentes
La de esta semana no ha sido la única vez en que la Xunta ha detectado irregularidades en el matadero municipal de Pontevedra. La Consellería de Sanidade sancionó en 2001 a la instalación «por infracción en materia sanitaria» con una multa de 501.001 pesetas (algo más de 3.000 euros).
La delegada provincial de Sanidade, María Dolores Pan, explicaba entonces en un informe que las deficiencias estructurales detectadas eran varias. Entre ellas figuraron la falta de limpieza en los establos de los animales de abasto o el mal estado de conservación de las paredes de estas cámaras
En cuanto a la cadena de sacrificio y obtención de carnes de bovino, el documento alertaba sobre las males condiciones de higiene. También denunciaba la presencia de «terruxe en diversas estruturas» y añadía que el suelo y las paredes y el suelo se encontraban en mal estado de conservación.
El informe elaborado por la Dirección Xeral de Saúde Pública hacía referencia a las deficiencias detectadas en los aseos y vestuarios del recinto situado en la parroquia de Alba. Por aquel entonces, la actividad del matadero era frenética. Las reses sacrificadas superaban las cien cada día.
