PONTEVEDRA. El contencioso-administrativo que la Abogacía del Estado presentó contra el plus de productividad que el Concello pagó en noviembre de 2012 a su plantilla para compensar la pérdida de la paga extra de Navidad suprimida aquel año por el Gobierno central ha dejado fuera a aproximadamente un tercio de los funcionarios municipales. En concreto, a la Policía Local, Bomberos y al personal de los organismos autónomos del Pazo da Cultura y el Instituto Municipal de Deportes, que suman cerca de 150 nóminas.
A pesar de que la intención de la Administración General del Estado es que los 474 trabajadores municipales devuelvan los cerca de 700.000 euros que cobraron en 2012, el recurso en cuestión solo hace referencia a uno de los expedientes que el Gobierno local redactó para autorizar el abono del citado complemento salarial. Así quedó de manifiesto durante la vista celebrada ayer en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno de Pontevedra en la que el abogado del Estado, Juan José Vázquez-Portomeñe, denunció que el Concello «ocultó» parte de la documentación sobre la que se sustentó el pleito, que podría extenderse al resto de empleados municipales en caso de que se produzca una sentencia condenatoria. «La vocación de transparencia del Concello brilla por su ausencia», dijo.
La acusación de Vázquez-Portomeñe fue desmentida por el abogado del Ejecutivo local durante el juicio. Javier Munáiz aseguró que todos los informes fueron puestos a disposición de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra cuando esta los reclamó. «Aquí non se ocultou nada», recalcó.
El reparto
En vista del desencuentro entre las partes, la magistrada del caso, María Dolores de los Ríos, solicitará durante los próximos días al Concello la documentación que acredite que no se ocultó ninguna información. La petición se tramitará como diligencia final, por lo que el proceso quedará visto para sentencia.
El abogado del Estado sostuvo durante su intervención que el Gobierno capitalino «maquinó una estratagema» para eludir el «fraude de ley» y así poder compensar la supresión de la paga extra a sus empleados con un plus de productividad. Aseguró que las cantidades percibidas por los trabajadores en noviembre de 2012 fueron «desproporcionadas» en comparación con el año anterior.
Vázquez-Portomeñe afirmó también que las retribuciones pagadas a los funcionarios, cuyas cuantías equivalían hasta el 80 por ciento de una paga extraordinaria normal, tampoco atendieron a criterios objetivos.
El abogado del Concello insistió en todo lo contrario. Javier Munáiz utilizó casos concretos para explicar el trabajo que los funcionarios habían realizado para justificar el abono del plus de productividad. Entre ellos, el suyo propio y el de empleados de su departamento. «A media por traballador foi de 400 euros, pero tamén é certo que houbo un traballador que cobrou 989 euros porque o volume de tarefas que tivo que desempeñar foi moi superior ao habitual», explicó.
«Luva branca»
Munáiz defendió la legalidad del pago a los funcionarios en base a dos criterios: el incremento de la actividad municipal entre septiembre de 2011 y agosto de 2012 y la realización de horas extraordinarias entre septiembre y octubre de 2012.
El abogado pontevedrés, que recordó que ningún funcionario cobró la ‘extra’ de Navidad en 2012 «porque os cartos para tal efecto foron inmobilizados», tildó el proceso abierto contra el bipartito como «un xuízo de luva branca». «De prosperar o recurso, o Concello ingresaría 450.000 euros, polo que o beneficiario sería a Tesourería municipal», puntualizó.
El asesor municipal se refirió también a las críticas vertidas por el abogado del Estado contra el alcalde de Pontevedra. Vázquez-Portomeñe centró parte de su alegato en las declaraciones públicas realizadas por Miguel Anxo Fernández Lores, en defensa de la resolución que motivó la paga de productividad a los trabajadores públicos. «Xa se sabe que os políticos non sempre din a verdade. Aí non entramos. Nós só podemos ter unha crítica xurídica», afirmó Munáiz, que sacó hierro a las declaraciones públicas efectuadas por el regidor del Concello.
La contienda dialéctica entre ambos letrados se mantuvo hasta el final de un juicio que el abogado del Estado quiere que pague el Concello de Pontevedra. La imposición de costas solicitada por su colega de profesión no sentó nada bien a Munáiz, que criticó lo inusual de la reclamación, para lo que invocó el principio de igualdad entre instituciones.
Jacobo Moreira
El juicio de la paga extra fue seguido muy de cerca por funcionarios del Concello, así como por otras fuerzas vivas que en día respaldaron el abono del plus de productividad a los empleados públicos y que ayer se concentraron frente a la sede del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno de Pontevedra, situado en la calle Xermán Adrio.
Entre los asistentes se encontraban respresentantes sindicales (Comisiones Obreras, CIG, UGT y CSIF), concejales del BNG y el PSOE y responsables de asociaciones empresariales como Aempe y el Centro Comercial Urbano Zona Monumental. Liderando la protesta estaba el regidor nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores, que criticó que Pontevedra fuese el único concello denunciado por la Delegación del Gobierno de Galicia por compensar la pérdida de la paga de Navidad. «Isto foi unha represalia iniciada polo voceiro do Partido Popular (Jacobo Moreira», criticó el mandatario local, que tildó de «pouco serio» que el líder de la oposición se desmarcase del recurso presentado por el abogado del Estado en la víspera del juicio que su propio partido y él mismo habían amparado previamente al rechazar en un Pleno la modificación de crédito por la que se autorizó.
BNG y PSOE creen que Moreira actuó de intermediario en el proceso que desembocó en el recurso estatal contra el complemento de productividad de los funcionarios. Fuentes del bipartito afirman, de hecho, que si la demanda no afectó desde el principio al cien por cien de la plantilla municipal se debió a «una chapuza» del portavoz del PP local. A él le atribuyen el papel de intermediario con la administración estatal. «Les entregó una fotocopia del expediente, pero no el expediente completo», afirman las mismas fuentes. El líder ‘popular’ ha negado siempre su implicación en todo este proceso.
Vázquez-Portomeñe, que centró parte de su alegato en declaraciones en las que el alcalde defendía la paga, insiste en que hubo «fraude»
El conflicto de las ‘extra’
El personal laboral ha abierto un nuevo frente judicial contra el Concello de Pontevedra para reclamar la devolución de parte de la paga extraordinaria de diciembre que el Gobierno central suprimió en todo el país. El conflicto colectivo presentado por UGT podría hacerse extensivo al resto de funcionarios locales.
El Gobierno local ha recibido ya la comunicación de los juzgados de lo Social sobre los casos que afectan a sus empleados. El abogado Javier Munáiz dio ayer cuenta de uno de ellos durante el juicio por el abono del complemento de productividad que la Abogacía del Estado quiere que se reintegre en la hacienda local. Se trata de la delegada sindical de UGT, Miriam Viñas, que ha solicitado la devolución de unos 300 euros por la vía judicial en concepto de los días devengados entre el 1 de junio hasta el 14 de julio de 2012, jornada esta última en la que entró en vigor el decreto estatal que suprimió la paga extraordinaria de Navidad a todos los trabajadores del sector público.
El caso de Oleiros
El de Pontevedra no es el único caso que los sindicatos han judicializado «en defensa dos dereitos da clase traballadora». La última victoria en los tribunales por el proceso de las ‘extra’ trascendió esta misma semana. El Juzgado de lo Social número tres de A Coruña ordenó al Concello de Oleiros a abonar a sus trabajadores laborales la parte proporcional de la paga de diciembre de 2012 por los 44 días devengados de la misma.
La del ayuntamiento coruñés es la primera sentencia contra una Administración local por esta situación, lo que le obligará a desembolsar 60.000 euros entre algunos de los miembros de su plantilla.
En cascada
El secretario de la Unión Intercomarcal de UGT en Pontevedra y Arousa, Ramón Vidal Trillo, asegura que la sucesión de sentencias sobre la pérdida de la extra de Navidad será la tónica dominante durante el presente ejercicio. «Agardemos que todas sexan favorables, porque entendemos que a supresión da mesma foi inxusto», aseguró el sindicalista, que recordó el impacto negativo que esta medida gubernamental ha tenido en el consumo en la capital de las Rías Baixas.
Entre los procesos que están pendiente de ser resueltos figura también el de la Deputación. Al parecer, la vista oral por la demanda presentada por los funcionarios de la institución que preside Rafael Louzán tuvo lugar el lunes pasado. «En todos estes procesos reclámase o mesmo: a devolución de parte da paga extraordinaria», explicó Vidal Trillo.
