El Reglamento de la Ley de Costas fija un tope de 50 años para la prórroga de Ence

La entrada en vigor del Reglamento de la Ley de Costas el pasado fin de semana ha marcado ya la hoja de ruta para despejar el futuro de Ence en Pontevedra. La normativa fija hasta un máximo de 50 años la prórroga que la pastera pretende obtener para continuar con su actividad en Lourizán más allá de 2018, que es cuando finaliza su concesión, y limita la capacidad de decisión de la Xunta sobre la duración de la moratoria.

El Gobierno gallego, a través de la Consellería de Medio Ambiente, será un mero ejecutor técnico en el proceso para la renovación del permiso estatal que Ence necesita para mantener su producción en la ría. Deberá emitir un informe «determinante», que no vinculante, que se ceñirá al control de parámetros de carácter medioambiental relacionados con la Autorización Ambiental Integrada (AAI) que la empresa actualizó en diciembre del año pasado.

La Consellería dirigida por Ethel Vázquez dispondrá de un plazo de tres meses para emitir su valoración ambiental sobre el futuro de la factoría. En caso de que no se realice en el tiempo estipulado, la Administración General del Estado se reserva el derecho de resolver el proceso sin tener en cuenta la opinión del departamento autonómico.

En caso de que la Xunta emitiese su informe sobre la prórroga a Ence a tiempo, el Gobierno central también tendrá la última palabra sobre el mismo, relegando el dictamen autonómico a un papel secundario y sin apenas valor. Si la resolución autonómica fuera contraria a la permanencia de la factoría y el Estado no estuviera de acuerdo con su posición decidiera mantener la actividad de la compañía en Pontevedra durante más años deberá justificarlo en base al interés general. ¿Y qué tendrá en cuenta para ello? Al menos siete indicadores: el impacto sobre el dominio marítimo-terrestre, las posibilidades de restauración de dichos terrenos (en el caso de la pastera serían las marismas de Lourizán), las alternativas de la ubicación de la industria en otro lugar, el impacto medioambiental, los efectos sobre la salud pública o de otra naturaleza, el tipo de actividad de la empresa y la relevancia en el marco económico general, entre otros.

La reacción política

El Reglamento General de Costas, que es el nombre oficial con el que se conoce el desarrollo de la normativa del litoral, no ha pillado por sorpresa a la clase política local. Tanto BNG como PSOE reclaman a Xunta y Estado que rechacen la moratoria para que la pastera ponga fin a su actividad en Lourizán en 2018.

«No es posible ni admisible una moratoria», apuntó ayer el concejal de Educación y secretario general de los socialistas en la ciudad. Agustín Fernández sostuvo que el nuevo panorama legal «no cambia nada». «Pero ha llegado el momento de que todo el mundo se posicione. Sin ambigüedades», reclamó.

El edil del PSOE recordó que su partido ha adoptado desde hace «unos años» una postura clara sobre la pastera: «Ence tiene que salir de la ría en 2018. Mi posición personal es más radical», dijo tras ser preguntado sobre su vinculación profesional en los litigios contra la compañía que defendió desde su faceta como abogado de la asociación Salvemos Pontevedra antes de su etapa como miembro de la Corporación municipal.

Fernández cree que el Gobierno de España debe cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo que lo obliga a iniciar el proceso para extinguir el permiso que le permite a la pastera mantener su producción al amparo de la ría. «Hay que recuperar los terrenos y ejecutar la sentencia que obliga al Estado a incoar el expediente de caducidad de la concesión de Ence», reiteró el edil, que recordó que el informe autonómico sobre la posible moratoria a la fábrica «no es vinculante». «El valor político de esta resolución es innegable porque se da la circunstancia de que el mismo partido, el PP, gobierna en Santiago y en Madrid».

El BNG reiteró ayer su postura sobre Ence a través de la figura del concejal de Facenda, Raimundo González Carballo. «A fábrica foi imposta aí no seu día. Agardamos que Xunta e Estado sexan coherentes coa opinión da maioría dos cidadáns de Pontevedra», dijo en respuesta a las preguntas de los periodistas sobre el futuro de la planta de Lourizán y dando por hecho una hipotética oposición social a Ence.

El más ambiguo de los tres grupos con representación en el Concello fue el del PP. Su presidente, Jacobo Moreira, evitó aclarar su postura respecto a la pastera. «Ni apoyo a Ence ni dejo de apoyarla. Hay que tomar la mejor decisión para Pontevedra, sus ciudadanos y el interés general», dijo el jefe de la oposición, que instó a tomar «una decisión inteligente» y a cumplir el programa electoral de su partido. Este expresa, sin embargo, su rechazo a la continuidad del centro de operaciones de Lourizán y su apuesta por la recuperación de las marismas que había en la zona.

Los 40 años

El Reglamento de la Ley de Costas deja en el aire varias incógnitas respecto a Ence. Una de ellas tiene que ver con la posibilidad de que las concesiones a las instalaciones fabriles que tengan la naturaleza de «ribera del mar» se reduzcan de 50 a 40 años. Para resolver el grado de protección que se aplicaría a estos terrenos, el Estado abre la puerta a que tanto la Xunta como el Concello de Pontevedra formulen sus posicionamientos en base a sus instrumentos de ordenación aprobados o en fase de tramitación. Para ello contarán con el plazo de un mes.

Además del canon que la pastear podría tener que pagar al Estado por la ocupación de la parcela pública de Lourizán, otro de los interrogantes tiene que ver con la posibilidad de que la empresa presidida por Juan Luis Arregui deba presentar de nuevo la solicitud de prórroga para continuar con su actividad en Lourizán después de 2018. La dirección de la firma había realizado este trámite el pasado mes de noviembre, antes de que se dotase de contenido a la nueva normativa de Costas, lo que motivó la paralización del expediente por parte del Gobierno gallego.

Los trabajadores piden un pacto político en apoyo a la pastera

La aprobación del Reglamento General de Costas es visto con «esperanza» y «optimismo» por parte de los trabajadores de Ence. El presidente del comité de empresa, Pedro Soto, catalogó de «boa nova» su entrada en vigor e instó a los políticos pontevedreses y gallegos a fraguar un pacto en apoyo a los puestos de trabajo y a la actividad y riqueza empresarial de la pastera. «Confío no sentido común dos políticos para que poidamos obter a prórroga. Non quero nin pensar en que isto teña que pechar e que se cree o trauma que agora están a vivir os compañeiros de Huelva», destacó el delegado sindical de UGT en referencia al cese de actividad de la factoría onubense, que la compañía reconvertirá en un gran centro de transformación energética.

Las declaraciones de Soto coincidieron con el tercer día de huelga en Lourizán en apoyo a la plantilla de Huelva, que será despedida.

La fábrica retomará su producción mañana miércoles tras cuatro días de paros. Esta situación ha provocado importantes pérdidas económicas a la firma, en la que se dejarán de producir unas 4.800 toneladas de pasta de papel.

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