La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de declarar nulo una de las piezas clave en el proyecto del desdoblamiento de O Pino-Bora. Se trata, nada más y nada menos, que del decreto autonómico de agosto de 2010, por el que la Xunta declaró la utilidad pública de las obras y dispuso la urgente ocupación de las viviendas y terrenos afectados.
El fallo se debe a un recurso presentado por el Concello de Pontevedra contra la tramitación del proyecto, en el que recriminó casi todos los pasos que se fueron dando para materializar la actuación. Entre estos, hizo hincapié en que la fase de información al público se realizó después de declarar la expropiación, y no antes, sin dar margen a los afectados a oponerse a la ocupación o realizar propuestas de modificado de trazado.
El TSXG reconoce este defecto de forma y declara la nulidad del decreto de urgente ocupación, ya que «la normativa expropiatoria» exige exponer los bienes afectados con antelación. Ahora bien, ¿qué consecuencias tendrá el veredicto? Pues, como dice el refrán gallego: depende.
El Concello tiene en sus manos la posibilidad de pedir la ejecución de sentencia, algo que, según manifestó hoy el concejal César Mosquera, podría desencadenar en el desmantelamiento de la carretera. Su impulso depende de cómo evolucionen los hechos, puesto que el Gobierno local condiciona su ‘mutismo’ a un encuentro con responsables de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (CMATI) para acercar posturas sobre temas candentes. Por ejemplo, el PXOM o el Hospital de Monte Carrasco, en los que la voz del Ayuntamiento ha quedado solapada por la opinión autonómica. «Non descartamos solicitar a execución da sentenza, pero sería a última opción, en caso de que a Consellería non se quixera sentar a falar con nós», subrayó Mosquera.
Efectos
Otra de las consecuencias que vislumbra la Administración local en el fallo judicial es que los propietarios podrían tener la posibilidad de reclamar más dinero por los bienes ocupados. Mosquera llegó a hablar hoy del abono de un 25% más de dinero, aunque sin estar en la certeza de que los particulares puedan beneficiarse de este hecho.
A nivel urbanístico también citó posibles contratiempos para las instalaciones que quieran situarse cerca de la carretera, «como unha gasolinera», dado que el desdoblamiento pasa a ser una infraestructura «ilegal».
En este contexto lo único que deja claro el TSXG es que las competencias en Ordenación do Territorio son exclusivas de la Administración autonómica, una confirmación que el propio Concello buscaba a sabiendas para demostrar sus límites a la hora de impulsar el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM).
El recurso del Concello denunció la falta de trámites, los efectos ambientales de los trabajos en el entorno y, especialmente, la omisión de la opinión del Ayuntamiento en todo el proceso previo a la puesta en marcha de las obras. Incluso llegó a recriminar que la Alcaldía no fue informada hasta el día 8 de agosto de 2010, cuando fue invitada a asistir al levantamiento de las actas previas. Sin embargo, el TSXG confirmó lo que viene advirtiendo el Concello desde hace tiempo y es que la Administración autonómica tiene plenas competencias para actuar.
