PONTEVEDRA. En lugar de hacer fotocopias o enviar faxes, los aspirantes a dos plazas de vigilante que salieron a oposición hace algo más de dos años tendrán que marcar cruces en casillas. Todo por una última sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que no solo confirma un fallo judicial anterior, sino que obliga a repetir el ejercicio práctico y a transformarlo en test para garantizar el anonimato en la prueba.
Todos los aspirantes tendrán derecho a probar suerte otra vez, una que los juzgados han desestimado las reclamaciones de las dos mujeres que lograron las plazas en primera instancia.
Entre los candidatos estarán los dos hermanos que judicializaron el caso y que denunciaron supuestas irregularidades en los exámenes. Ambos recogieron en un acta notarial el nombre de las personas que creían que resultarían elegidas entre los 128 aspirantes. Once días después, a finales de junio de 2011, la 'premonición' se hizo cierta y los dos decidieron denunciar públicamente la decisión del jurado.
Primero acudieron a los sindicatos, después a los juzgados. Al principio actuaron con miedo, temerosos de quedar 'fichados' en otras convocatorias, pero no solo decidieron seguir adelante con el caso, sino que llegaron a celebrar una rueda de prensa en la sede de la CIG, en la que animaron a otros aspirantes a denunciar.
Los dos afectados eximieron al Gobierno local de cualquier responsabilidad y atribuyeron lo acaecido a problemas internos. Sin embargo, debe ser el Ayuntamiento el que ejecute ahora la sentencia y asuma sus posibles consecuencias.
Ejecución
El fallo judicial fue informado hoy por el portavoz del Gobierno local, Raimundo González, quien explicó los últimos avatares acaecidos en el caso.
Según dijo, el pronunciamiento del TSXG tuvo lugar después de que el propio Concello solicitara una aclaración de un veredicto anterior, tanto para saber si era necesario repetir el ejercicio práctico como para conocer cómo se podía garantizar el anonimato.
