Dos años después de que el conselleiro de Xustiza, Alfonso Rueda, anunciase en la Audiencia el inicio del plan de expurgo de los archivos judiciales, la Xunta revela que ya se han seleccionado para su eliminación 104,4 toneladas de documentos y pruebas en Vigo y Pontevedra
En abril de 2012, el conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, Alfonso Rueda Valenzuela, anunciaba en la Audiencia Provincial de Pontevedra el inicio de una experiencia piloto que desembocaría en la primera labor de expurgo que se llevaría a cabo en una dependencia judicial española. Rueda visitó las instalaciones del archivo del Pazo de Xustiza pontevedrés, ubicadas en el sótano (ocupando unos 400 metros cuadrados). El vicepresidente del ejecutivo autonómico se sorprendió al comprobar las montañas de papeles y piezas de convicción (armas empleadas para la comisión de delitos) que se acumulaban en la principal sede judicial de la provincia.
Rueda, que fue guiado en su visita por el presidente de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Francisco Javier Menéndez Estébanez, y por su fiscal jefe, Juan Carlos Aladro Fernández, ha tenido que esperar dos años para poder anunciar los primeros progresos (que, por lo visto, han sido importantes) llevados a cabo por las diferentes juntas de expurgo confeccionadas a tal efecto en cada una de las sedes judiciales en las que se inició el proceso: la sala de los Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y las secciones Tercera y Cuarta de la mencionada Audiencia Provincial de Pontevedra. La consellería de Xustiza ha logrado liberar más de 50.000 kilos de documentación solo en las dependencias judiciales de la ciudad olívica y de la ciudad del Lérez, a los que se añaden otras 50 toneladas en forma de piezas de convicción que, en breve plazo, serán sometidas a tratamiento para su destrucción.
Paso adelante
Fuentes de la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza indicaron que «foron retiradas un total de 22,4 toneladas de documentación nos xulgados de Pontevedra e 32 toneladas nos xulgados de Vigo. Ademais, tamén foron retiradas 50 toneladas de pezas de convición que foron enviadas a Sogama para a súa destrución. Esta iniciativa supón un paso máis adiante no obxectivo de modernizar a Administración de Xustiza, no que a Xunta leva traballando dende a pasada lexislatura».
La Consellería de Xustiza añadió que «grazas a esta labor, estase gañando espazos nas sedes xudiciais, e ao mesmo tempo conservando adecuadamente os documentos que teñen valor histórico e facilitando o acceso á documentación nos arquivos xudiciais».
A este respecto, el fiscal jefe de la Audiencia Provincial, Juan Carlos Aladro, explicó que las juntas de expurgo fueron designadas específicamente para el trabajo, ya que para manejar este tipo de documentación son necesarios amplios conocimientos, al tiempo que explicó que la legislación vigente permite desde hace ya algunos años acometer esta tarea.
Sobre ello, fuentes de la Consellería de Xustiza revelaron que «o colapso dos arquivos xudiciais vén sendo unha situación endémica dende hai moito tempo en todo o territorio nacional. Co propósito de liberar espazo e facilitar o acceso aos expedientes, o Real Decreto 937/2003, de modernización dos arquivos xudiciais, marcou o procedemento para proceder ao expurgo do documentación xudicial que non estivera pendente de ningunha actuación xudicial».
Inventario
Para llevar a cabo las labores de expurgo, muy laboriosas (no hay más que echar un vistazo a la fotografía principal de esta página, con miles de documentos almacenados en al biblioteca de la Fiscalía de Pontevedra que ya fueron seleccionados para su destrucción), los miembros de las juntas confeccionadas a tal efecto llevaron a cabo inventarios de los ingentes fondos documentales para poder determinar con certeza cuáles son dignos de ser conservados por su interés histórico y cuáles se pueden eliminar.
Una vez concluido este trabajo, los archivos solo custodiarán ya los expedientes que tengan menos de cinco años de antigüedad, además de los que, por su especial valor documental, sean seleccionados para formar parte de un archivo histórico.
En el caso concreto de la Audiencia Provincial de Pontevedra, los 400 metros cuadrados de su archivo han sido liberados en gran medida, pues una buena parte de los 60.000 expedientes que allí se almacenaban en abril de 2012 han sido seleccionados para ser destruídos.
50 archivos
En la comunidad autónoma de Galicia existen en la actualidad 50 archivos judiciales. Por una parte están los de los 45 partidos judiciales existentes (que, en virtud de la futura Ley de Demarcación y Planta, se verán sensiblemente reducidos). Por otra, los correspondientes a las cuatro Audiencias Provinciales y, por último, el fondo documental del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
Xustiza explica que algunos de los archivos judiciales de Galicia tienen expedientes que datan de sus inicios, a comienzos del siglo pasado. «Estimase que en total estean almacenados uns 3 millóns de expedientes, con máis de 150 millóns de folios».
El propio vicepresidente de la Xunta de Galicia admitió poco antes de acometer el plan que ahora arroja sus primeros resultados satisfactorios que «estamos acostumados a ver arquivos de documentación xudicial con graves problemas de espazo e almacenamento nos xulgados, con documentos que veñen incluso do século pasado». Rueda añadió entonces que «non ten razón de ser, co cal é necesario facer esa labor de espurgo e clasificación».
Otras sedes
Tras el éxito de la experiencia piloto de la Audiencia de Pontevedra, que fue pionera en España en el expurgo y a la que siguió la sala de lo Social del TSXG, la Consellería de Presidencia, Administración Públicas y Xustiza ya ha dado los pasos necesarios para que la iniciativa se desarrolle en los restantes edificios judiciales de Galicia, «co que contribuiremos a solucionar unha necesidade importante e remataremos con esas imaxes que tanto nos chaman a atención», declaró Rueda.
En cuanto a los plazos, el vicepresidente de la Xunta había fijado en un principio el horizonte de 2017 para la finalización del actual plan de espurgo, aunque ello dependerá del volumen de trabajo en cada sede judicial.
