''A declaración transcurriu perfectamente, vin a colaborar coa Administración da Xustiza e nada máis''. Con estas palabras el concejal de Medio Ambiente Urbano y Facenda, Raimundo González, dio este miércoles por zanjada su comparecencia en el Juzgado de Instrucción nº3 de A Parda, donde acudió como imputado en dos delitos de prevaricación y fraude por la adjudicación irregular a Naturgalia de las obras de ajardinamiento de la plaza de A Liberdade y las de construcción de una rotonda en la recta final de Loureiro Crespo, denunciadas por el PP.
Aún así, se puede decir que fue 'generoso'. Según trascendió desde su entorno, en un principio tenía pensado dar la callada por respuesta, como finalmente hizo el funcionario también imputado en el caso, al que ni siquiera lograron captar las cámaras, micros y redactores que montaron guardia en las dependencias judiciales durante más de tres horas. La prudencia es la mejor arma de la que pueden echar mano ambos encausados.
Ahora bien, donde no ahorraron en explicaciones fue en las declaraciones que prestaron ante la juez encargada del caso y el fiscal Augusto Santaló, especializado en delitos fiscales.Al menos, así se desprende del tiempo que estuvieron a puerta cerrada, una hora y media en el caso de González, que acudió respaldado por el letrado municipal, Javier Munáiz. Y tres cuartos de hora en el caso del funcionario, que se hizo con los servicios de un abogado de Santiago de Compostela apellidado Sartier, cuyos gastos correrán a cargo del Concello según acordó por unanimidad la Xunta de Goberno local. Este último, conocido también por su anterior trayectoria como político nacionalista, compareció en primer lugar y, según comentaron fuentes allegadas, bastante afectado por la tesitura de la situación. Las numerosas actuaciones que lleva dirigidas en beneficio del entorno medioambiental de la ciudad, podrían verse salpicadas por un incidente que la mayoría del Gobierno local achaca a un simple y ‘habitual’ error administrativo.
Además, no hay que olvidar las consecuencias que podría tener en su expediente como funcionario, si es que la causa termina como pretende la oposición. Son muchos los que auguran que será él que pague los platos rotos.
La juez le había citado, en todo caso, para las 10.45 horas, pero aterrizó en los juzgados casi dos horas antes para ponerse al día con el abogado. Hasta la fecha, solo había mantenido contactos telefónicos. No obstante, tuvo que esperar igualmente. Un problema con el sistema informático de la sala de comparecencia retrasó su interrogatorio hasta las 11.15 horas.
¿Archivo?
El encuentro del funcionario con las autoridades judiciales convocantes se extendió hasta las 12.00 horas, momento en el que González tomó el relevo que preveía tomar a las 11.00 horas. Al tratarse de una comparecencia 'privada', las preguntas de la juez y el fiscal, así como las respuestas que aportó el concejal, no traspasaron el limbo de la sala, si bien todo apunta a que no dejaron puntada sin hilo por el tiempo que mantuvieron conversación. Y si no que se lo pregunten al abogado y número seis de la candidatura del BNG, Vicente García Legísima, uno de los que se quedó puertas afuera, pero con la ‘caña’ en mano en todo momento para ver si podía pescar algo de lo que estaba sucediendo en la sala.
La firma de la acta fue el último trámite al que asistieron los dos imputados. Acto seguido, González salió por la puerta central del edificio, mientras el funcionario abandonaba las instalaciones por otros derroteros. ¿Y el siguiente paso? Esperar.
Una vez que se han tomado estas declaraciones, la juez y el fiscal repasarán el caso, en el que también están incluidas las comparecencias del representante de la empresa Naturgalia o las del interventor que ejercía durante las fechas de los hechos. Hecha esta supervisión, habrá varias opciones: pedir más diligencias previas, dar paso a la apertura del juicio oral o archivar al caso. Las apuestas del BNG apuntan hacia esta última alternativa, pero solo el tiempo podrá concederles la razón o no.
