El polígono residencial de Valdecorvos, en plena expansión, es fiel reflejo de los avatares que sufre el sector de la construcción, todavía cabizbajo por la falta de financiación, la ausencia de demanda y la incansable crisis del ladrillo.
De diez complejos residenciales contemplados, tan solo dos están en marcha: las 132 viviendas de promoción autonómica que construye la Xunta de Galicia y los 56 pisos de protección oficial que impulsa la cooperativa Xescomar. El resto está a la espera de recibir proyecto, de resoluciones judiciales, de respaldo bancario e incluso de la firma de acuerdos institucionales, lo que mantiene aplazada la construcción de otras 260 viviendas protegidas.
Ningún agente implicado se libra de los contratiempos y la propia Xunta se ha visto abocada a buscar compradores para dos parcelas que se han quedado ‘huérfanas’. Una de ellas cuenta con capacidad para construir 48 viviendas y se puede adquirir a partir de 1,6 millones de euros. Otra de está diseñada para albergar 17 chalés adosados y está a la venta por 652.145 euros, después de que una primera cooperativa (Covivedra) renunciara a su compra. En ambos casos el proceso de adquisición está abierto a la participación. Los interesados tan solo tienen que dirigirse a la Xestión do Solo de Galicia, tal y como indican los carteles colocados ‘ex profeso’ en la urbanización.
Otras cinco parcelas se encuentran reservadas, aunque con suerte dispar y con serias dificultades para salir adelante. La de mayor dimensión fue adquirida por el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) a la empresa pública Xestur y tiene espacio para albergar 76 viviendas. Sin embargo, todavía «no existe proyecto realizado», según informaron responsables de la Delegación Territorial de la Xunta en Pontevedra.
Otra fue reservada por el grupo Pradavila (con sede en Vigo) con la intención de levantar un edificio de 36 viviendas en régimen de protección oficial. El problema surgió poco después y se trasladó a los tribunales, a raíz de una indemnización solicitada a la empresa por no escriturar los terrenos a tiempo. En la actualidad, el proceso judicial sigue en curso y los terrenos condicionados «a la resolución» del mismo.
Cooperativas
La cooperativa Pontecovi reservó un tercer solar valorado en 1,8 millones de euros bajo la previsión de construir 56 viviendas similares a las que están en ejecución en el polígono de Valdecorvos. El proceso de captación de cooperativistas irrumpió con fuerza, pero hace meses que permanece estancado. La gestora no ha encontrado financiación para el proyecto y continúa trabajando en «distintas posibilidades», según informó ayer su portavoz.
Las dos últimas parcelas reservadas están a nombre de la cooperativa Xescomar, que prevé edificar 27 chalés adosados repartidos en dos fases: una de once viviendas y otra de 16. La primera no tardó en encontrar dificultades ni desavenencias entre el presidente de la entidad y los cooperativistas, quienes decidieron impulsar por sus propios medios la primera fase incompleta (con nueve de las once viviendas), ante la ausencia de más socios. Su intento fracasó y, según apuntan las fuentes consultadas, «la situación está pendiente de resolución».
El presidente de la cooperativa admite las discrepancias con los primeros cooperativistas, pero asegura que el proyecto será relanzado próximamente con la intención de captar nuevos socios y poder llevar adelante la actuación. Una de las parcelas está valorada en algo más de 420.000 euros y otra en cerca de 613.000, mientras que las viviendas unifamiliares (que también serán construidas en régimen de promoción autonómica) cuentan con un precio de compra de 181.000 euros.
El Concello ostenta la titularidad de cuatro solares destinados a equipamientos y zonas verdes y una parcela de 3.220 metros cuadrados, fruto de la cesión obligatoria del 10% de los terrenos urbanizados. Para esta última existe un borrador de convenio que prevé revertir los terrenos al IGVS para construir viviendas protegidas. Sin embargo, el compromiso quedó en agua de borrajas y no hay visos de que se desarrolle en un futuro próximo.
En construcción
Los dos únicos edificios que comenzaron a construirse tampoco estuvieron exentos de obstáculos. La promoción de 132 viviendas impulsada por la Xunta estuvo paralizada varios meses por la quiebra de la primera adjudicataria, Winterra, lo que motivó la recontratación de los trabajos a la empresa Vila-Río en junio de 2011. Desde entonces, la obra está en ejecución con la previsión de adjudicar las viviendas a principios de 2015. Estas serán sorteadas entre los demandantes de vivienda protegida, que deberán desembolsar entre 35.825 y 68.220 euros por unas viviendas que tienen entre uno y tres dormitorios.
Por su parte, Xescomar avanza a buen ritmo en los trabajos iniciados en diciembre de 2013. El ‘problema’ radica en el malestar de algunos cooperativistas con las calidades de los edificios y la imposibilidad de modificar las características con material adquirido por sus propios medios. Según denuncian, la constructora (La Rosaleda) es la única que se beneficia de los descuentos que ofrecen los mayoristas de material y ofrece unas tarifas «excesivamente caras» para los cambios propuestos, de hasta 2.500 euros por modificar un aseo. El malestar ha empujado a los socios a solicitar una asamblea con el presidente de la cooperativa, que se celebrará el próximo 17 de junio. En esta exigirán explicaciones sobre el dinero invertido en los pisos, valorados en 133.000 euros más IVA.
El Concello abrirá la mano con el plan residencial de Tafisa
El Concello abrirá la mano para no frustrar el plan residencial que la inmobiliaria Lar proyecta en la parcela ocupada hasta hace diez años por la empresa Tafisa. Así lo indicó el edil de Urbanismo, Antón Louro, que espera que la empresa presente toda la documentación que acredite sus compromisos de urbanización y otras obras previstas en la parcela. A partir de ahí, los técnicos municipales inspeccionarán el grado de cumplimiento del convenio.
