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El presidente de la Audiencia desgrana el polémico anteproyecto de la LOPJ

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Un cambio global y una estructura judicial «muy novedosa», según explica el presidente de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Francisco Javier Menéndez Estébanez. Ese es el panorama que se abre no solo en la provincia, sino en toda España, con la aprobación del anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial que, a pesar de lo que ha trascendido en las últimas horas, ya contempla modificaciones respecto a su redacción inicial destinadas a la conformación de sedes desplazadas para enclaves singulares, como el caso de Vigo, que, aunque dependerán, como hasta ahora, de la capital de la provincia, mantendrán e incluso incrementarán (al igual que Pontevedra) su volumen de trabajo en virtud de lo que se avecina.

«En el anteproyecto tal y como lo ha aprobado el Consejo de Ministros se aprecian algunos cambios en relación con el trabajo inicial llevado a cabo por un comité de sabios el año pasado, pero la estructura sigue siendo la misma: un principio de concentración de todos los juzgados, de modo que la primera instancia se resolvería siempre en la capital de la provincia, y los actuales recursos de apelación en las audiencias provinciales pasarían al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, con la consiguiente supresión de las audiencias. La inmensa mayoría de los magistrados de las audiencias se irían al TSXG, en A Coruña, con lo que nos imaginamos un caso en el que existirían tribunales de instancia en las cuatro capitales de provincia, en principio, y el resto de los órganos colegiados estarían en el TSXG», explica Menéndez.

Pero el anteproyecto trae consigo novedades que afectarán, con total probabilidad, a la provincia de Pontevedra. «Hay una modificación importante. Se prevé, con carácter excepcional, con unos criterios muy dispares, en el artículo 84 del anteproyecto, que haya sedes desplazadas teniendo en cuenta distancias geográficas, población, varios criterios que llevarían a conformar sedes desplazadas del tribunal de instancia», explica el presidente de la Audiencia. «Serían sedes desplazadas del tribunal de instancia que seguirían dependiendo de la capital de provincia. En Galicia podrían estar en las grandes ciudades, en A Coruña en Santiago y Ferrol y aquí, desde luego, sería en Vigo. Eso es como se ha previsto».

Secciones colegiadas

En todo caso, Menéndez subraya que «la línea maestra es una gran concentración, una desertización judicial y desaparición de los partidos judiciales convirtiéndolos en partidos judiciales únicos».

Respecto a los procesos judiciales de notoria importancia que se vienen celebrando en la Audiencia Provincial, el presidente de la Audiencia explica que «no se sabe, según el nuevo Código Procesal Penal, qué competencias va a tener el tribunal de instancia en materia penal y de qué delitos pudieran conocerse en única instancia o en las secciones colegiadas que se creen aquí, formadas por al menos tres magistrados, que sería algo parecido a lo que entendemos ahora por secciones de lo penal de una Audiencia Provincial. Aquí quedaría la primera instancia, la apelación iría al TSXG y la casación al Tribunal Supremo». Así pues, los delitos que ahora se juzgan en las secciones penales de las audiencias podrían pasar a celebrarse en las citadas secciones colegiadas.

Otro asunto que preocupa, y mucho, es la afectación que los cambios puede conllevar en el funcionariado. Sobre ello, Menéndez es claro. «El desplazamiento de los magistrados conlleva el de las oficinas. Por poner un ejemplo, según el estudio de mayo del año pasado, en el que había un trabajo anexo de las CC AA sobre el reparto de los magistrados, en la provincia de Pontevedra eran 93 jueces y magistrados. Teóricamente todos esos tendrían que ir a la capital de la provincia, con todos sus funcionarios, secretarios..., de los juzgados de los 13 partidos judiciales de la provincia en Pontevedra. Si hubiese sede desplazada en Vigo, como se contempla, se repartiría, pero aún así lo que hay ahora repartido iría solo a dos sedes con todo el personal».

Varios años

Sin embargo, la entrada en vigor de todos estos cambios, que sufrirán ciertas modificaciones, no se prevé en absoluto próxima en el tiempo. «El impás es complicado, porque aún restan años. Las comunidades autónomas con competencias, como el caso de Galicia, van a tener que dar la respuesta a la aplicación de esa ley. En el caso de la Audiencia de Pontevedra, por ejemplo, tendría que irse la gran mayoría del personal, con la necesidad de un espacio físico para ello. La sede del TSXG en A Coruña tampoco tiene capacidad para dar cabida a todos los magistrados de Civil y Penal que tendrían que irse para allí. Ahora en la sala de lo Civil y Penal del TSXG hay cinco magistrados. Con esto serían dos salas, 30 magistrados de lo Civil más 19 de lo Penal, 49, con toda la oficina judicial para darles servicio. Infraestructura física, hoy por hoy, no existe».

El anteproyecto no puede entrar en funcionamiento en su totalidad, según señala el presidente de la Audiencia, hasta que no se desarrolle en la Ley de Planta y Demarcación, «que no lo acompaña de momento. Ahí tiene que decirse cómo quedaría repartido, dónde habría sedes desplazadas y cuál sería su entidad, cuántos jueces la compondrían. Hay que dar por supuesto que habrá una sede desplazada en Vigo en vista de la modificación que se aprecia desde mayo hasta ahora. Sabemos que tiene más de 300.000 habitantes y no se puede obligar a esa población a hacer desplazamientos continuos», concluyó Menéndez, que repitió que «la concentración que se plantea es excesiva, no creo que sea necesaria una reducción tan amplia».

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