La Audiencia juzga a un red de colombianos con base en la ciudad

El primer gran juicio del curso recién iniciado en Pontevedra servirá para ver en el banquillo de los acusados a una supuesta red de personas de nacionalidad colombiana que, afincadas en Pontevedra, vendían sustancias estupefacientes en varios puntos de la comarca.

Siete personas, la mayor parte de ellas naturales de la guarida no tan secreta de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), el Valle del Cauca, se sentarán estarán en la última semana del mes en la Audiencia Provincial, acusadas de manejar todos los eslabones del narcotráfico a orillas del Lérez: se hacían con la droga en Madrid (donde estaban afincados al menos dos de ellos), la transportaban por carretera hasta Pontevedra y la vendían, bien a intermediarios que después sacaban tajada, bien directamente, gramo a gramo, a consumidores finales.

Uno de ellos vivía en Monte Porreiro, otro en Ernesto Caballero y un tercero en Fernando Olmedo. Este último, León Antonio T.I., alias ‘Leo’, se las arreglaba para suministrar cocaína a una influyente mujer del poblado chabolista de O Vao, según fuentes de la investigación.

Este indicio obligó a la Policía Nacional a, una vez detenidos los mencionados súbditos colombianos, montar un espectacular operativo en busca de los receptores de la cocaína de ‘Leo’. Decenas de agentes sufrieron en sus carnes la beligerancia de los habitantes del núcleo de infraviviendas (en este caso, de O Vao de Abaixo) y los resultados, más allá de imputaciones por atentados a agentes de la autoridad (que fueron recibidos a pedradas), fueron los habituales en el poblado: se hallaron drogas, sí, pero no en cantidades notorias.Los que allí habitan se guardan mucho de acumular más de la cuenta, prevenidos ante lo que en ocasiones ocurre: los registros policiales.

Grupo estable

Este grupo de colombianos «se dedicaba de forma estable al tráfico de estupefacientes, concretamente cocaína y marihuana, en Pontevedra», relata el fiscal Antidroga, Luis Uriarte.

«La cocaína que distribuían la traían periódicamente desde Madrid y la vendían a los consumidores finales», añade.

Uriarte destaca que los imputados conformaban un grupo criminal «con una clara distribución de funciones». De este modo, César Mauricio T.G., alias ‘El Gordo’ y natural de Cartago, «era el encargado de conseguir la cocaína y enviarla desde Madrid (residía en Getafe hasta el momento de su detención) a Pontevedra con la finalidad de proporcionarla al resto de imputados», añade el fiscal, que señala que «se desplazaba periódicamente (a Pontevedra) o bien enviaba a otras personas que hacían de correos.

Bajando un peldaño en el escalafón de la trama, el fiscal Antidroga asegura que Mauricio R.C., alias ‘Muñeco Chino’ y natural de la misma población que su presunto jefe, era quien recibía la cocaína y la ‘repartía’ entre otros compatriotas suyos, que serían los vendedores de facto.

Ese papel, según Uriarte, lo desempeñaban Juan Carlos D.C. y el antes mencionado ‘Leo’, que proporcionaba cocaína a O Vao, según la Policía. Juan Carlos, alias ‘Caifás’, vivía en Monte Porreiro, mientras que ‘Leo’ residía en un piso de Fernando Olmedo.

Por último, José Fidel M.B. y su hija Nidia Amparo M.S. se encargaban del transporte, «en ocasiones solos, otras veces en compañía de ‘El Gordo’».

Las posibles penas: 37 años de cárcel y unos 170.000 euros de multa

Por los hechos, el fiscal especial Antidroga pide para los acusados penas que alcanzan los 37 años y medio de prisión y multas que rondan los 170.000 euros en total. En concreto, solicita penas de cinco años y medio para César Mauricio T.G., Mauricio R.C., Juan Carlos D.C., León Antonio T.I., José Fidel M.B. y Nidia Amparo M.S. (cuatro y medio por un delito contra la salud pública y uno más por el delito de integración de grupo criminal), y cuatro años y medio de prisión para Dayro Alberto A.C.

Junto a ello, Luis Uriarte solicitará el comiso definitivo de todas las sustancias, dinero y efectos incautados a los acusados, y pidió la apertura de una pieza separada con el objetivo de que se abone la responsabilidad civil.

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