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La cárcel de A Lama se 'vacía' de presos

Una vista general de uno de los patios del centro penitenciario de A Lama. javi cervera
Una vista general de uno de los patios del centro penitenciario de A Lama. javi cervera

PONTEVEDRA. El centro penitenciario de A Lama está, al fin, próximo a albergar tantos reclusos como señala su capacidad máxima, ampliamente superada en los años anteriores. Los datos que ofrece la Fiscalía Provincial (referentes al 31 de diciembre de 2012) desvelan que el penal provincial tenía en aquel momento 1.294 internos, un 40 por ciento menos de los que ‘hospedaba’ tres años antes.

El centro penitenciario de A Lama, que llegó a rozar los 2.000 internos a finales de la primera década del siglo (lo que suponía acercarse al 200 por cien de su capacidad), ha logrado instalarse en un número próximo al aconsejable, dado que la instalación penal está pensada para albergar 1.008 presos, a los que se añaden 203 plazas más en módulos específicos, como son los de ingresos, entradas, salidas, tránsito, enfermería y aislamiento.

La población reclusa se viene reduciendo en unos 200 internos al año, aproximadamente, desde el año 2010, cuando en la cárcel se acumulaban más de 1.800 internos. En el último año la reducción fue menor, de 109 internos (un 7,7 por ciento).

Del total de presos que ‘habitan’ en A Lama 1.236 son varones y solo 58 son mujeres.

Los presos preventivos se redujeron en un 13,4 por ciento, pasando de 149 a 129 (aunque la población de este módulo varía constantamente en función de la delincuencia, la eficacia policial y las resoluciones judiciales).

Respecto a la catalogación de los reclusos, la gran mayoría de los presentes en A Lama están calificados en segundo grado (973), el régimen ordinario. Sin embargo, el penal provincial pontevedrés cuenta con 45 personas en primer grado (el más duro de todos, cuyas condiciones tanto de relaciones con el exterior como de vida son más difíciles que en el resto). Por último, 109 internos estaban calificados a 31 de diciembre de 2012 como en tercer grado, un régimen que les garantiza salidas y que incluso les puede permitir el beneficio de la semilibertad durante los últimos meses de sus condenas.

En muchos casos, de hecho, los tribunales (normalmente la Audiencia Provincial de Pontevedra) acuerdan sustituir ingresos de pocos meses en tercer grado por trabajos en beneficio de la comunidad.

Seis internos salieron de la cárcel por su avanzada edad o por enfermedad

La Fiscalía Provincial (en concreto, el equipo de Vigilancia Penitenciaria que dirige en Pontevedra el fiscal Ignacio Saiz) emitió en 2012 seis dictámenes favorables para la concesión de la libertad condicional a septuagenarios o a personas con enfermedades graves. La Fiscalía consideró en estos casos que los internos cumplían con las condiciones que para ello exige el Código Penal vigente. «Existía un informe de los servicios médicos del centro que ponía de manifiesto la gravedad de la enfermedad del interno y la nula o escasa capacidad criminal del mismo por dicho motivo, o bien que se trataba de internos que cumplieron los 70 años de edad, estaban clasificados en tercer grado y habían tenido una buena conducta», señala el Ministerio Público.

Por el contrario, en dos ocasiones el dictamen de la Fiscalía fue negativo a este respecto, entendiendo, en uno de los casos, que el grado de la enfermedad del interno no era extremo.

Además, el Ministerio Público dictaminó negativamente en una ocasión en la que la persona que pretendía acogerse a los citados beneficios no tenía residencia legal en España.

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